Presidente del TC: Antes del 8 de marzo del 2023 se resolvería demanda sobre cuestión de confianza

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, estimó que según los plazos establecidos por ley, la demanda competencial sobre la cuestión de confianza presentada por el Congreso se resolvería, como plazo máximo, el 8 de marzo de 2023.

En diálogo con Canal N, explicó que ese viernes se ha notificado a las partes y el Poder Ejecutivo tiene 30 días hábiles para contestar la demanda. Tras ello se darán 10 días hábiles para fijar la vista de la causa.

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En esa ocasión, tanto el Gobierno como el Parlamento Nacional deberán sustentar su postura a través de sus procuradores, tras lo cual se tienen 30 días más.

“Si fuéramos escrupulosos con los plazos, el 8 de marzo (de 2023 se podría tener el fallo), pero después de la audiencia ya podemos empezar a debatir inmediatamente”, expresó.

En ese sentido, Morales Saravia indicó que en caso de no responder a la demanda, el Ejecutivo incurriría en “rebeldía”, aunque aclaró que esta situación nunca se ha dado.

Refirió que el Poder Ejecutivo tiene la interpretación de que hubo una denegación de la cuestión de confianza planteada, lo cual es el punto que deberá resolver el TC.

“Aquí el punto central es el artículo 134 (de la Constitución) que permite disolver el Congreso de la República, entonces, la medida cautelar lo que hace es suspender esos efectos (de esa interpretación de la cuestión de confianza)”, acotó.

Como se recuerda, el Tribunal Constitucional concedió una medida cautelar al Congreso de la República mientras resuelve la demanda competencial presentada por ese poder del Estado por la supuesta denegatoria de confianza al Poder Ejecutivo.

En una resolución, admitió la demanda competencial contra el Gobierno frente a su amenaza del cierre del Parlamento, tras la interpretación que realizó sobre la cuestión de confianza rechazada de plano por la Mesa Directiva.

En el documento, indicó que podrían producirse “consecuencias institucionales, difícilmente irreversibles”, si no se suspende el efecto de la interpretación desarrollada por el Poder Ejecutivo en el Acta del Consejo de Ministros del 24 de noviembre.

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