Enviados especiales a Huancayo / Unidad de Investigación
Los Dinámicos del Centro no es la única organización criminal vinculada al partido Perú Libre que utilizó recursos públicos (en este caso, del Gobierno Regional de Junín) que fueron destinados a la campaña electoral del 2021, que llevó a la presidencia a su candidato Pedro Castillo.
A través de un trabajo de inteligencia policial realizado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), se ha identificado a Los Tiranos del Centro, como se ha denominado a la organización criminal que desde la Municipalidad Provincial de Huancayo cobraba cupos a comerciantes formales e informales de la capital de Junín.
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La red criminal presuntamente era liderada por el suspendido alcalde de Huancayo Henry López Cantorín, militante de Perú Libre y una persona de confianza de Vladimir Cerrón. Juan Carlos Quispe, quien ahora cumple las funciones de alcalde provincial, también ha sido identificado como cabecilla de Los Tiranos del Centro. Otros miembros son gerentes, funcionarios, servidores públicos y colaboradores del municipio que ejecutaban las órdenes de hostigamiento a los comerciantes que se negaban a cumplir con los pagos ilícitos exigidos.
Este martes de madrugada, la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista junto a 23 fiscales, en un operativo liderado por el coronel PNP Luis Revilla y 150 policías de la DIVIAC, desarrolló una operación cuyo objetivo era detener a 18 presuntos miembros de la organización e intervenir 23 inmuebles en Huancayo.
Hasta el cierre de esta nota ya se había detenido a 15 personas, entre ellas Mabel Mendoza García, quien en el 2019 era la gerenta de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, además de Danny Luján Rojas, quien asumió la misma gerencia; y Claudio Chirca, jefe de la Unidad de Comercio Informal de la gerencia de Promoción Económica y Turismo de la municipalidad provincial de Huancayo durante el 2019.
En tanto, López Cantorín, al igual que Carlos Pimentel, otro de los miembros de la presunta red criminal, se encuentran no habidos. El último de ellos visitó Palacio de Gobierno el pasado 5 de enero para reunirse, de acuerdo con el registro oficial, con el secretario general Beder Camacho.
Por su parte, el alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe, presunto cabecilla de esta organización, a través de una resolución municipal que él mismo suscribió, solicitó permiso para viajar a Lima el 18 de este mes cuando estuvo recorriendo los mercados de ambulantes un día antes del operativo.
Como parte de la intervención, también fueron allanados los locales de la municipalidad provincial de Huancayo, Policía Municipal de Huancayo y la gerencia de Promoción Económica y Turismo.
Investigación al detalle
La operación se realizó tras una profunda investigación que se inició en el 2019. Desde un año antes (2018), los integrantes de la organización cobraban cupos a comerciantes formales e informales y a ambulantes a cambio de que pudieran realizar sus actividades que no estaban autorizadas en las licencias municipales que tenían, como el funcionamiento de discotecas, bares, clubes nocturnos o restaurantes. También a comerciantes que laboran cerca al mercado modelo de Huancayo. Por sus actividades ilícitas, los implicados son investigados por los delitos contra la administración pública en las modalidades de concusión, cobro indebido y cohecho pasivo propio, bajo el espectro de organización criminal del Código Penal.
En exclusiva, El Comercio tuvo acceso a escuchas legales que evidencian cómo operaba esta presunta red criminal. En la siguiente conversación, interviene el entonces gerente de Promoción Económica de Huancayo, Danny Luján Rojas, quien coordina la entrega de dinero con una mujer identificada como Rosa.
AUDIO 6: Danny Luján
Por medio de escuchas telefónicas legales también se identificó que el suspendido alcalde López seguía manejando la administración de la municipalidad y direccionando las obras de la comuna a través de Quispe.
López fue suspendido como alcalde por la sentencia a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva que en primera instancia se dictó en su contra por un caso de corrupción de su etapa como gerente del Gobierno Regional de Junín. Vladimir Cerrón, quien fue gobernador de Junín entre 2011 y 2014, recibió la misma condena.
Mientras Cerrón fue apresado entre agosto y octubre de 2019 por la sentencia (en un momento en el que cumplía su segundo período como gobernador), López estuvo en la clandestinidad para no ser encarcelado. Sin embargo, luego ambos fueron beneficiados porque una instancia judicial superior varió la condena a cuatro años de prisión suspendido, por lo que ambos militantes de Perú Libre y otros funcionarios recibieron el beneficio de la libertad.
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