La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que el fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Roy Cerrón Rojas, hoy prófugo de la justicia, afronte un juicio oral en el que la Procuraduría pide que pague una reparación civil por la irregular licitación de la obra “Mejoramiento del circuito vial Chupaca”.
“Declarar infundada la pretensión de los abogados de la defensa de los acusados de declarar extinguida por prescripción la acción civil derivada del hecho punible seguida contra Vladimir Roy Cerrón Rojas, Marco Antonio Salcedo Rodríguez, Luís Alberto Salvatierra Rodríguez, Alfredo Poma Samanez, Percy Ríos Galeas, Rubén Hugo García Abregú, Juan Carlos Sánchez Lazo, Juan Carlos Sulca Yauyo, Carlos Arturo Mayta Valdez y Yuri Valery Manrique Rivera”, concluye la Sala Penal de Apelaciones.
El 12 de julio del 2023, el juez del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial, Guido Arroyo Ames, declaró “prescrita” la acción penal contra Cerrón Rojas y sus coacusados por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo simple. No obstante, rechazó el pedido para declarar extinta la acción civil de la Procuraduría Anticorrupción.
A Cerrón Rojas se le imputaba haberse interesado directamente en el pago de una carta fianza por más de un millón de soles a favor del consorcio vial a cargo de la mencionada obra. Estos hechos se remontan al año 2011, cuando el hoy prófugo era presidente regional de Junín.
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Si bien, debido a la prescripción, Vladimir Cerrón Rojas no podrá ser condenado penalmente por este hecho, aún deberá afrontar el juicio para ser sancionado civilmente.
Y es que la resolución del tribunal superior, del 3 de noviembre y que recién se conoce, dispone que el juez de primera instancia proceda conforme lo dispuso en su resolución que fue apelada por los acusados. Esto fue que, una vez que la sala ratifique su decisión de prescripción de la persecución penal, se señale fecha para el inicio de juicio oral por la reparación civil.
“Dispongo que una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución en el extremo de la prescripción de la acción penal se archive definitivamente los actuados, oficiándose a las autoridades competentes para la anulación de los antecedentes que se hubieren generado; y en el extremo de la acción civil se fije fecha para el inicio del juicio oral”, indicó el juez de primera instancia.
El Comercio adelantó que la Procuraduría Anticorrupción solicitará incrementar el monto de la reparación civil. Esto, teniendo en cuenta que se había solicitado una cantidad inicial por “daño extrapatrimonial” de S/720 mil; y aún estaba pendiente de solicitar el “daño patrimonial”.
Por dicho concepto, indicaron desde la Procuraduría, solicitarían un aproximado de S/1′404.000.00, por lo que el global llegaría a los S/2′124.000.00 aproximadamente.
Por el momento, el juicio oral tendrá que realizarse en ausencia de Cerrón Rojas, quien desde el 6 de octubre, es decir hace 81 días, se encuentra prófugo de la justicia.
Este Diario ha informado que el exgobernador de Junín, desde la clandestinidad, se encuentra buscando un medio para llegar hasta la Embajada de Bolivia con el fin de poder obtener un asilo político.
Su captura, que no se ha podido lograr hasta el momento, y sus intentos por llegar a sedes diplomáticas, dan cuenta de las conexiones que aún posee el jefe de Perú Libre.
Por ello, no se descarta que no solo pueda tener apoyo de personajes muy cercanos a este, sino también de otros personajes. Tanto más si, por información del Ministerio Público, se ha dado cuenta que Cerrón Rojas habría coordinado estrechamente con la presunta red criminal que habría operado en la fiscalía durante la gestión de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
¿Qué otros casos tiene pendientes con la justicia?
Vladimir Cerrón, tiene dos sentencias en su contra. Una de ellas y por las que se dio a la fuga, es la condena efectiva de 3 años y 6 meses que le impuso la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Junín en el Caso “Aeródromo Wanka”.
El tribunal lo halló culpable del delito de corrupción en la modalidad de colusión en agravio del Estado-Gobierno Regional de Junín. Esto, por concertar ilícitamente con representantes del Consorcio Wanka y haber dispuesto la agilización de los documentos para favorecerlo con la construcción del “Aeródromo Wanka”, saltándose opiniones del Ministerio de Economía y las leyes.
El fundador de Perú Libre también quedó inhabilitado para ocupar cargo público o de elección por el mismo plazo que la condena efectiva y debe pagar S/800 mil de reparación civil de manera solidaria con su cosentenciados.
El prófugo Vladimir Cerrón tiene una orden de captura y una alerta azul de Interpol en caso pueda ser ubicado en el extranjero.
Cerrón Rojas, desde la clandestinidad, ha recurrido a la Corte Suprema vía un recurso de casación que aún deberá ser calificado por la Sala Suprema Penal Permanente, presidido por el juez supremo César San Martín.
La otra sentencia proviene del Caso “La Oroya”, que fue la primera condena que se le impuso en su papel de exgobernador de Junín. La pena impuesta por el delito de negociación incompatible y, en segunda instancia, fue de cuatro años de prisión suspendida.
Inicialmente, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Anticorrupción de Junín le impuso cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva, el 5 de agosto del 2019.
En octubre del 2023, el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, falló a favor de Cerrón en un recurso de hábeas corpus, declarando nula la decisión de la Corte Suprema y la condena suspendida impuesta por la Sala de Junín.
Este caso se encuentra en apelación ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Con prisión preventiva por cumplir
Con prisión preventiva por cumplir
El pasado 18 de diciembre, el Poder Judicial ordenó su captura para que cumpla una orden de prisión preventiva por 36 meses, en el marco del proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos producto de presuntos aportes ilícitos a Perú Libre (PL).
El juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso la captura de Cerrón Rojas por haber incumplido cuatro reglas de conducta al haber ingresado a la clandestinidad.
El líder de Perú Libre tenía una orden de comparecencia con restricciones que lo obligaba a no ausentarse de su domicilio, firmar el control biométrico y acudir a las diligencias y citaciones judiciales y fiscales.
Según las investigaciones del fiscal Richard Rojas, el prófugo Cerrón habría dispuesto actos de lavado de activos con el dinero que tendría como origen actos de corrupción cometidos por las organizaciones criminales “Los Dinámicos del Centro” y " Los Tiranos del Centro”.
Según elementos probatorios presentados por la fiscalía, parte del dinero habría sido entregado a Antauro Humala, a través de Nandino Dennis del Castillo. El monto fue de S/6.000.
Precisamente, este caso se encuentra relacionado con presuntas actividades ilícitas de la red criminal que también habría liderado Cerrón Rojas en Junín. Ello, durante y después de haber ejercido el cargo de gobernador de dicha región.
Según la hipótesis fiscal, habría dispuesto el cobro de cupos por emitir brevetes a través del área de transportes, así como la colocación de personas afines al partido Perú Libre a cambio de montos económicos o para que ayuden a la organización.
Presunto terrorismo, ‘Antalsis’ y sus ‘chalecos’
Presunto terrorismo, ‘Antalsis’ y sus ‘chalecos’
Pese a que, recientemente la fiscalía ha decidido no continuar investigación contra Cerrón Rojas por presunta afiliación y financiamiento al terrorismo, el prófugo secretario general de Perú Libre aún deberá hacer frente a otra investigación por presunto terrorismo.
Este caso lo sigue junto a los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo , quienes fueron incluidos debido a que los hechos los habrían cometido antes de ser electos parlamentarios.
La hipótesis fiscal se basa en las declaraciones de Eddy Villarroel Medina, conocido como “Sacha”; y quien aseguró públicamente que Cerrón y sus co-investigados habrían tenido vínculo con la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).
En el caso “Antalsis”, Cerrón Rojas es investigado por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión junto al exasesor presidencial Martín Antonio Belaunde Lossio.
Entre las últimas actuaciones en este caso fue la decisión del Poder Judicial que rechazó el pedido del fundador de PL para viajar a Rusia, días antes que se emitiera su condena por el caso “Aeródromo Wanka”.
Y, pese a que en este proceso se encontraba bajo comparecencia con restricciones, y entre las reglas de conducta estaba obligado a no ausentarse sin orden judicial, no se conoce hasta el momento algún pedido de la fiscalía para variar su condición por una orden de prisión preventiva.
Según las imputaciones, Cerrón Rojas habría cometido gestiones ilícitas como exgobernandor de la Región Junín, para las licitaciones de las obras del “Puente Eternidad” y “Comuneros”.
En Junín también se encuentra pendiente que afronte la investigación preparatoria que se formalizó en su contra por el presunto delito de negociación incompatible en el caso “Los Chalecos de Junín”.
Como se recuerda, la fiscalía investiga pagos por bonificación de hasta S/30 mil a efectivos de la Policía -entre ellas al suboficial PNP, Carlos Zarate Villalobos- por trabajar como su seguridad personal durante su segunda gestión como gobernador regional de Junín, entre enero del 2019 hasta su cese en agosto del mismo año.