El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón sigue victimizándose y manteniéndose prófugo de la justicia tras ser condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.
A través de su cuenta en X, el líder de Perú Libre insistió en que ha sido sentenciado por una “causa inexistente” y que el escenario actual es similar al 2019, cuando fue condenado por el saneamiento de La Oroya y que luego fue declarada nula.
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“Lo que más les interesa con esta sentencia arbitraria no son los años de prisión, sino la inhabilitación, por 3 años y 6 meses, para postular a la Presidencia, en una coyuntura donde la izquierda, estoy seguro, volverá a ganar con PL (Perú Libre). Este es el verdadero móvil”, expresó.
Cerrón Rojas también indicó que se le sentencia por un caso prescrito, puesto que la colusión simple tiene un tiempo de prescripción de 10 años y se ha “violado” su derecho constitucional a la defensa.
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“El pueblo debe saber que en esta sentencia jamás se demostró una sola prueba directa ni indiciaria de concertación, porque no puede haber lo que no existe. Además, el contrato fue declarado nulo, lo que implica que no tenía ninguna eficacia jurídica”, manifestó.
“En este caso nunca se ejecutó la obra, la que era con financiamiento privado sin demandar un sol al Estado, es más, la empresa aún no tenía el expediente técnico ni los terrenos a ejecutar, por tanto, no había peligro de incumplimiento de obligaciones en una obra que jamás se inició”, agregó.
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No obstante, Vladimir Cerrón se mostró confiado en que dicha sentencia “se caerá pronto” y auguró que Perú Libre estará en las contiendas presidenciales del 2026 con candidato propio.
“Hoy más que nunca cabe recordar la interrogante hecha en el año 2019 ante la sentencia que luego fuera declarada nula: ¿Sentenciado por corrupción o sentenciado por la corrupción; entregarse a la justicia o a la injusticia?”, sentenció.
Cabe indicar que además de la cárcel efectiva, se impuso una inhabilitación a Cerrón Rojas por el mismo período, así como el pago de una reparación civil solidaria ascendiente a S/800.000.
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