La Universidad Privada Telesup, del excongresista José Luna Gálvez, solicitó la devolución de los S/300 mil soles que fueron incautados en el marco de la investigación seguida al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio y otros, por la presunta recepción de dinero ilícito de la empresa Odebrecht y OAS.
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En audiencia pública realizada ese lunes por la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción, la defensa legal de dicha casa de estudios, Renzo Riega Cayetano, sostuvo que la incautación no se ajustaría a las normas y órdenes judiciales debido a que dicho dinero no tendría vinculación con José Luna Gálvez, investigado también junto a Castañeda Lossio.
En el 2019, la fiscalía realizó diversos allanamientos a los inmuebles de Luna Gálvez, quien es señalado, por el Ministerio Público, como presunto receptor del dinero entregado por la empresa Odebrecht a Luis Castañeda y Martín Bustamante.
Al excongresista también se le atribuye la transferencia y conversión de dicho dinero en el año 2014, específicamente en el contexto de la campaña electoral a la alcaldía de Lima en la que postulaba Luis Castañeda por Solidaridad Nacional.
Según Riega Cayetano, la Universidad Telesup y el gerente Luis Luna Morales, no han sido incorporados como investigados en este caso, y la fiscalía tampoco ha postulado que a través de la universidad se lavó activos.
Agregó que el inmueble, en Santiago de Surco, en el que se halló el dinero está a nombre de la universidad y no era del excongresista. No obstante, reconoció se trata de una casa-habitación donde vive la familia de Luna Gálvez. También admitió que en dicho domicilio no funcionaban las oficinas de la universidad.
“Cabe destacar que la Universidad Telesup no está siendo investigada como persona jurídica hasta la fecha, ni su gerente tampoco es investigado. Y tampoco la imputación contra José Luna Gálvez se hace referencia que los hechos que se investigan en el 2014, hubiesen continuado generando ganancias de mi representada, es decir la universidad”, sostuvo Riega.
Indicó que el dinero era de Telesup que le fue entregado al gerente Luis Luna Morales y que, al momento de la incautación, lo había llevado al domicilio donde vivía.
Agregó que la Universidad Privada Telesup es un tercero afectado, cuya actividad económica en ese momento, concuerda con el flujo de caja que recibió el pago que realizaron los estudiante por concepto de pensiones.
-No se ha probado licitud-
No obstante, el fiscal superior del Equipo Especial Lava Jato, Hernán Mendoza Sandoval, solicitó que se declare improcedente el pedido de la defensa legal de Telesup al no haberse podido determinar la licitud o no de dicho dinero.
El representante del Ministerio Público recordó que la orden de allanamiento abarcaba a los domicilios e inmuebles vinculados a Luna Gálvez, entre ellos el que se encuentra ubicado en Valle Los Sauces de la Urbanización el Cortijo, en Santiago de Surco.
Además, sostuvo que la orden se produjo al considerarse que José Luna Gálvez, en su calidad de secretario general de Solidaridad Nacional en el 2014, conjuntamente con otros investigados, habría recibido dinero de Luis Castañeda Lossio y Martín Bustamante.
Por tanto, según el fiscal Mendoza Sandoval, en este caso debe acreditarse fehacientemente el origen del dinero, ya que fue incautado en un inmueble que constituye casa-habitación de Luna Gálvez; y no es una subsidiaria de la Universidad Telesup.
Precisó, incluso, que el dinero fue encontrado en un vehículo de propiedad de José Luna Gálvez, que estaba al interior del domicilio allanado.
Cuestionó que se alegue que el dinero proviene del pago de matrículas de los estudiantes, puesto que para la fecha del allanamiento, Telesup ya habría desaprobado el licenciamiento de la Sunedu.
“La información aportada no genera certeza, hasta el momento, de que sea dinero de origen lícito (…) en ese orden de ideas, el argumento de la defensa respecto a que el dinero incautado es de pertenencia exclusiva de la Universidad Telesup, no ha podido ser determinado con meridiana claridad en esta investigación”, sostuvo el fiscal.
Solicitó que la incautación del dinero se mantenga por ser necesaria y hasta que se haya practicado la pericia programada para enero del 2021.
Al término de la audiencia, la Sala Penal de Apelaciones dejó al voto el pedido solicitado por la defensa legal de la mencionada universidad.
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