El procurador público del Poder Legislativo, Manuel Peña Tavera, indicó este jueves en su informe respecto a la resolución del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, que disponía que se suspenda el proceso de elección de los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional (TC), que este fallo vulnera “el equilibrio de poderes” y “la separación de poderes” del Estado.
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En un documento remitido a la presidencia del Congreso, Peña explicó que lo indicado por la jueza Soledad Blácido “es deficiente” y genera un “menoscabo” de un deber constitucional del Parlamento.
“La motivación desarrollada en la Resolución N° 01 de fecha 6 de julio de 2021 es deficiente, al partir de una omisión respecto al análisis de las implicancias que generaría el menoscabo de una atribución y deber constitucionalmente otorgado al Poder Legislativo, al suspender su ejercicio y supeditarlo no a la subsanación de la presunta irregularidad denunciada en la demanda de amparo, sino a la emisión de un pronunciamiento definitivo”, se lee en el informe.
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“Constituye un evidente desbalance en el equilibrio de poderes, y con ello, una vulneración al principio de separación de poderes, al impedir a la actual conformación del Congreso de la República (y eventualmente a la del siguiente periodo parlamentario) el poder ejercer su atribución de elegir a los miembros el Tribunal Constitucional mientras no se emita en el proceso de amparo una resolución judicial definitiva, con calidad de cosa juzgada”, indica el procurador.
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Por esa razón, señaló que interpondrá un recurso impugnatorio a la Corte Superior de Lima para que se revoque lo dispuesto por el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima y se declare “improcedente” la medida cautelar interpuesta por el abogado Walter Ayala debido a que el Legislativo no publicó “de manera transparente la calificación y justificación de los puntajes otorgados” a los postulantes al Tribunal Constitucional.
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Asimismo, Peña Tavera anunció que se interpondrá una denuncia contra la jueza Soledad Blácido “por el presunto delito de contra la función jurisdiccional en la modalidad de prevaricato” y consideró en su informe que la magistrada “ha abusado de sus atribuciones en el ejercicio de la potestad jurisdiccional causando un perjuicio, no solo al Parlamento en su conjunto, sino a cada uno de los congresistas”.
“Independientemente de la tramitación y resultado del proceso de amparo, en atención a lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Procuraduría Pública interpondrá una denuncia penal contra la señora Soledad Amparo Blacido Baez [...] por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de prevaricato”, detalla.
“Se puede advertir, que la magistrada ha abusado de sus atribuciones en el ejercicio de la potestad jurisdiccional causando un perjuicio, no solo al Parlamento Nacional en su conjunto, sino a cada uno de los congresistas de la República, impidiéndoseles el libre ejercicio de sus labores parlamentarias y específicamente el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”, remarca el documento.
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