‘Mochasueldos’: los ‘argumentos’ de APP para seguir blindado a Magaly Ruiz y las comisiones que integran los congresistas denunciados

Alianza para el Progreso (APP) mantiene a la congresista Magaly Ruiz, investigada desde marzo por la fiscalía por el presunto recorte del salario de sus trabajadores, en la presidencia de la comisión especial encargada del seguimiento, coordinación y formulación de propuesta en materia de mitigación de los efectos del cambio climático. Ello pese a que, el último domingo, “Punto Final” difundió un nuevo testimonio que implica a la parlamentaria en el grave caso.

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Se trata de la declaración que una extrabajadora brindó a la fiscalía, que se condice con el testimonio que brindó en marzo pasado Carlos Marina, otro excolaborador de Ruiz.

La nueva testigo aseguró que la entrega del dinero para la parlamentaria fue gestionada por Jhony Romero, exasesor principal de la legisladora. Consultada por “Punto Final”, Ruiz se limitó a responder que el caso ya está siendo evaluado por la fiscalía.

En diálogo con El Comercio, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, evitó anunciar si la bancada tomará alguna medida contra la legisladora. Incluso, aseguró que no estaba al tanto del caso porque, según justificó, se encuentra cumpliendo con la semana de representación.

“Estoy en Madre de Dios. Estamos ocupados en temas de representación. Lo veremos cuando regremos a Lima”, respondió.

En la misma línea, las congresistas de APP Lady Camones, Elva Julón y Cheryl Trigozo señalaron que la bancada aún “no dialoga” sobre este caso y que lo harán cuando culmine la semana de representación el 29 de septiembre (el periodo en el que los legisladores viajan a sus regiones).

Este Diario buscó contactarse con los demás integrantes del grupo parlamentario, así como con Luis Valdez, secretario general del partido, pero al cierre de este informe no respondieron.

“Estamos en semana de representación y no hemos evaluado aún los casos”, respondió Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Una explicación similar dio Julón: “Aún no nos hemos reunido como bancada, estamos en nuestras regiones, al regreso vamos a evaluar”, exclamó.

Trigozo brindó una declaración parecida. “Aún no nos hemos reunido, no puedo adelantar respuesta. Lo que sí tengo claro es que el caso está en fiscalía [...] Posteriormente nos vamos a reunir en bancada”, expresó.

La legisladora aseguró “no tener ningún problema” de que este caso llegue a la Comisión de Ética. Sin embargo, remarcó que este grupo de trabajo ya sancionó a Ruiz por el recorte de salarios con una amonestación pública y una multa de 30 días de remuneración. Además, se mostró en contra de que su colega deje de presidir la Comisión Especial sobre el Cambio Climático.

Como se recuerda, inicialmente, la Comisión de Ética, entonces presidida por Karol Paredes, había propuesto la sanción máxima contra Magaly Ruiz por el presunto recorte de salario a Carlos Marina: la suspensión por 120 días, sin goce de haber.

No obstante, con la ayuda de su bancada (APP), Ruiz consiguió una sanción menor. Uno de los votos que evitó la suspensión fue justamente el de Trigozo.

Este Diario buscó contactarse con Ruiz, a través de su despacho y su oficina de comunicaciones; sin embargo, al cierre de este informe no hubo respuesta.

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Magaly Ruiz no es la única integrante de la Comisión Especial sobre el Cambio Climático implicada en presuntos recortes de salarios a sus trabajadores. Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Heidy Juárez (Podemos Perú) también forman parte del grupo de trabajo, que tiene en total nueve miembros.

Además de Ruiz, la fiscalía investiga a Juárez (antes integrante de APP) por el presunto delito de concusión. La congresista de Podemos Perú también fue blindada en la Comisión de Ética y solo recibió una amonestación pública y una multa de 30 días de remuneración.

Según un informe de “Hildebrandt en sus trece”, cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que Juárez, quien presidía el grupo de trabajo, exigía pagos a través del asesor principal de la congresista, Miguel Chafloque.

Las personas afectadas señalaron que Chafloque les exigía pagos mensuales que podían ser entre S/200, S/300 y hasta S/1.000 y que provenían de sus sueldos como trabajadores al interior de la comisión especial.

Consultado si Juárez continuaría integrando comisiones, pese a su investigación fiscal, Carlos Zevallos, vocero alterno de Podemos Perú, respondió que no será retirada de ningún grupo de trabajo mientras la investigación contra ella no se formalice.

De otro lado, Jorge Flores Ancachi, implicado también en el caso ‘mochasueldo’ y sindicado de ser parte de ‘Los Niños’ integra la comisión especial presidida por Ruiz.

En julio, “Cuarto Poder” difundió un audio en el que el parlamentario de AP admite que sus trabajadores le entregan el 10% de sus remuneraciones y el 50% de los bonos que reciben en el Congreso.

Como consecuencia, la Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el legislador de Acción Popular por el presunto delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado.

El Comercio intentó comunicarse sin éxito con Darwin Espinoza, vocero de Acción Popular.

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En total son diez los legisladores denunciados por presuntos recortes de salarios de trabajadores. Ellos son: María Cordero Jon Tay (ex Fuerza Popular), Katy Ugarte (Bloque Magisterial), Marleny Portero (AP), José Arriola (AP), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Magaly Ruiz, Rosio Torres, María Acuña (APP), Jorge Flores Ancachi (AP) y Heidy Juárez (Podemos Perú).

Fuentes de la Comisión de Ética indicaron a El Comercio que en los casos de Cordero Jon Tay y Katy Ugarte está pendiente el informe final.

Mientras que la denuncia contra Arriola se programará una nueva votación, debido a que el grupo no llegó a un acuerdo respecto a iniciar una pesquisa en su contra.

En los casos de Tello, Portero y Acuña se debe poner en agenda sus audiencias. Lo mismo con Flores Ancachi, a quien “la semana pasada se aprobó pasar a investigación”.

De otro lado, indicaron que no iniciarían una nueva pesquisa contra Ruiz tras el reciente testimonio debido a que no pueden " iniciar procesos sobre los mismos hechos”.

“Esto demuestra que en el Congreso hay una realidad paralela, en donde no hay ningún tipo de sanción para un caso tan grave, como el de Ruiz y otros legisladores denunciados por recortar sueldos”

Kathy Zegarra, analista política

Los analistas políticos Kathy Zegarra y Luis Nunes señalaron que la permanencia de estos parlamentarios en comisiones contribuyen al desprestigio del Poder Legislativo.

Para Zegarra “esto demuestra que en el Congreso hay una realidad paralela, en donde no hay ningún tipo de sanción para un caso tan grave, como el de Ruiz y otros legisladores denunciados por recortar sueldos”.

“En ese sentido, los integrantes del Congreso no se preocupan por la representación que se tiene que hacer frente a la ciudadanía y solo lo hacen por sus intereses particulares”, añadió.

“A las bancadas que los colocan no les importa el prestigio del Congreso [...] Es un grave error de APP haberlo hecho [designar a Ruiz como presidenta] y a futuro los perjudicará [...] Dirán que aún no culminan las investigaciones, pero para el prestigio del Congreso este es un error muy grave”

Luis Nunes, analista político

Por su parte, Nunes indicó que los legisladores implicados en casos como ‘mochasueldos’ deberían haberse “eximido” de integrar este grupo de trabajo.

“A las bancadas que los colocan no les importa el prestigio del Congreso [...] Es un grave error de APP haberlo hecho [designar a Ruiz como presidenta] y a futuro los perjudicará [...] Dirán que aún no culminan las investigaciones, pero para el prestigio del Congreso este es un error muy grave”, concluyó.

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