El congresista Edgar Tello, de la bancada Bloque Magisterial, requirió a la fiscalía la nulidad de la programación de dos diligencias en la investigación preliminar que enfrenta por el presunto recorte de sueldo de sus trabajadores.
El pedido se dio después de que la trabajadora parlamentaria Marie Silva señalase a la fiscalía que conversaciones de WhastApp guardadas en su celular evidencian que el legislador recortaba salarios.
En agosto pasado, la fiscalía programó dos diligencias: la primera para extraer la información del celular de Silva y la segunda para visualizar la información. No obstante, el abogado David Mujica, defensor legal de Tello, pidió la nulidad de esa programación.
La defensa de Tello argumentó que a la fiscalía “le faltó un paso previo, que era requerir la entrega” del celular de manera voluntaria o, de lo contrario, solicitar judicialmente su incautación para luego programar las diligencias.
La fiscalía negó la nulidad, por lo que Tello recurrió al Poder Judicial para solicitar una tutela de derechos, un mecanismo que puede emplear un imputado cuando considera que se han afectado sus derechos.
La audiencia por la tutela se realizó el viernes pasado y estuvo a cargo del juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley. No obstante, el magistrado adelantó que se pronunciaría por la sustracción de la materia, porque la fiscalía ya había solicitado la entrega del celular de manera formal.
La entrega del equipo se concretó el pasado 8 de septiembre y aún está pendiente que se programe la visualización.
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Señala intento de dilación
El abogado Juan Carlos Ramos, representante legal de la trabajadora parlamentaria Marie Silva, consideró que el congresista Tello “claramente [busca] dilatar las cosas”.
“En ningún momento mi clienta se negó a entregar el equipo celular; al contrario, ella es la primera interesada en que la información que ha dado, que consta en su declaración, sea corroborada con los contenidos del celular. [...] Claramente [Tello busca] dilatar las cosas, ganar tiempo”, dijo en diálogo con El Comercio.
Silva reafirmó ante la fiscalía la denuncia pública que hizo contra Tello en mayo pasado. Aquella vez, dijo que el congresista le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió del Parlamento.
Además, se refirió a chats de WhastApp entre trabajadores de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, que presidió Tello y donde ella se desempeñó como asesora.
En tanto, el abogado de Tello negó que el pedido de nulidad se trate de una maniobra dilatoria.
“Si voy a programar diligencia para extraer información de un equipo, que es un medio probatorio, lo menos que tengo que hacer es requerir la entrega, consignar esa entrega en un acta y realizar la cadena de custodia, cosa que no hizo la fiscalía. [...] En ningún momento [buscamos dilatar el proceso]. Lo que se pretende con esto es que la fiscalía cumpla con un debido proceso”, dijo a El Comercio.
Más testigos citados por la fiscalía
La fiscalía dispuso recibir la declaración testimonial de al menos tres trabajadores parlamentarios entre este lunes 25 y el miércoles 27.
De acuerdo con una fuente de este Diario, al menos uno de ellos está dispuesto a reconocer que Tello le recortaba el salario.
En paralelo, Tello enfrenta una investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria.
En ese grupo, el congresista no solo es acusado de recortar el sueldo de sus trabajadores, sino también por hostigamiento laboral y por pedir US$ 8 mil a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú para comprar utensilios para las ollas comunes.
La máxima sanción que podría imponer el pleno del Congreso al legislador del Bloque Magisterial sería de 120 días de suspensión.
Clave
En la investigación preliminar contra Edgar Tello, la trabajadora parlamentaria Marie Silva se encuentra como testigo, pues la denuncia ante la fiscalía fue formulada por la Procuraduría General del Estado.
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