El pleno del Congreso elegirá este jueves 14 de diciembre al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC) que reemplazará al fallecido Augusto Ferrero Costa, cuyo mandato cesó en enero de este año. Ello luego de que la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos para miembros del TC, presidida por Idelso Correa (APP), emitiera un informe con los nombres de cuatro postulantes aptos que serán sometidos a votación.
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Los cuatro candidatos finalistas que están listos para someterse al veredicto de los 130 congresistas son los siguientes: Pedro Hernández Chávez, Hernando Montoya Alberti, Justo Balmaceda Quirós y Luis Alberto Carrasco García. La mayoría no cuenta con especialidad en derecho constitucional.
De acuerdo con fuentes del Congreso, el candidato que recoge las simpatías de la mayoría de grupos parlamentarios es Hernández Chávez, quien obtuvo el primer puesto con 95 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el TC.
La elección del nuevo tribuno sería el primer punto de la agenda del jueves, indicaron las mismas fuentes.
Quien logre 87 adhesiones se convertirá en el séptimo integrante del órgano supremo y se unirá a Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez Ticse, Manuel Monteagudo, Helder Domínguez y César Ochoa. Todos ellos fueron elegidos por el Poder Legislativo en el proceso de mayo del 2022.
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¿Quiénes son los candidatos a magistrado del TC?
Apto: Alcanzó 95 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC).
El abogado de 51 años consignó en la hoja de vida que presentó al Congreso haber ejercido la cátedra de Derecho durante quince años.
Hernández obtuvo su grado de doctor en Derecho en la Universidad de San Martín de Porres en el 2010. Además, cuenta con dos máster en derecho constitucional en la PUCP y la Universidad San Martín.
Actualmente, se desempeña como asesor en el Tribunal Constitucional. Asimismo, es abogado y gerente general de su propio estudio jurídico. También trabaja como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres.
Previamente, laboró como asesor en la ONPE, desde septiembre del 2021 hasta mayo del 2022. Según su hoja de vida, en dicho puesto se encargó de asesorar, coordinar y orientar sobre normas, procesos, dispositivos o asuntos que sean requeridos por la Alta Dirección de la ONPE.
En el ente electoral también tuvo el cargo de especialista legal de la Jefatura Nacional. Asimismo, ha sido asesor principal de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso (junio - octubre 2020). Fue asesor principal del despacho de la ex congresista fujimorista Yesenia Ponce en 2017. Ella acaba de ser declarada por el Poder Judicial como reo contumaz y pesa sobre ella una orden de captura por el proceso que se le sigue por el presunto delito de falsedad genérica.
No fue el único cargo que tuvo en el Poder Legislativo, entre octubre del 2016 y marzo de 2017, se desenvolvió como asesor asignado en la Comisión de Defensa Nacional. Ahí fue responsable de la investigación sobre cinco temas vinculados a los sectores Defensa e Interior durante el gobierno de Ollanta Humala. Entre agosto de 2013 y julio de 2017, fue asesor de la entonces congresista Marisol Pérez Tello.
En su perfil laboral también asegura haber trabajado en el Ministerio Público, Emilima, el Reniec y las Municipalidades de Miraflores, La Molina y Pueblo Libre.
Es autor del libro “El control del poder en el Estado Constitucional. Fundamentos para una teoría integral de control constitucional”. Además, de haber escrito divesos artículos sobre derecho constitucional.
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Apto: Alcanzó 83.50 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC).
El abogado de 77 años detalló en la hoja de vida que presentó ante el Congreso que tiene más de quince años de experiencia dictando cátedra universitaria en materia jurídica.
Hernández obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa de estudios donde también hizo su pregrado hasta obtener el título de abogado.
Es autor de tres libros y ha publicado más de quince artículos académicos. Desde 1987 hasta la actualidad, es socio del Estudio León Barandiaran, Montoya & del Carpio Abogados SCRL. De acuerdo con su hoja de vida, tiene a su cargo las consultas de naturaleza mercantil y civil. También se desempeña como presidente de la Sala de defensa del consumidor en Indecopi. Indicó que resuelve, en promedio, 300 causas mensuales.
Asimismo, es docente de posgrado de la PUCP, donde dicta el curso de Derecho de la empresa. También ha dictado cátedra en la Universidad San Martín de Porres, entre el 2003 y el 2021; la Universidad de Lima, desde 1987 hasta 2016; y la Universidad de San Marcos, de 2000 al 2019. Asimismo, ha sido profesor de otras casas de estudios.
Además, ha sido profesor de la Academia de la Magistratura, entre 2000 y 2017. En 1986, se desempeñó como asesor del despacho del ministro de Justicia.
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Apto: Alcanzó 79.20 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC).
El abogado de 45 años consignó en la hoja de vida que presentó al Congreso haber ejercido la cátedra de Derecho durante quince años. Obtuvo el grado de doctor en Derecho Penal por la Universidad de Navarra en 2013. Mientras que su título de abogado lo logró en la Universad de Piura en el 2001.
También detalló en su hoja de vida que participó en la elaboración de un capítulo del libro “Género, un debate inconcluso. El caso peruano y una perspectiva latinoamericana en torno al género”. Es autor de tres libros sobre derecho penal y ha publicado artículos en revistas especializadas.
Dictó de 2004 a 2009 y de 2013 a 2015 cátedra en Derecho penal y filosofía del derecho en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
Actualmente, se desempeña como decano encargado de la Facultad de Derecho y vicerrector académico de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Balmaceda fue candidato al Congreso por el partido Contigo en las elecciones extraordinarias del 2020. La agrupación no alcanzó ninguna curul. Balmaceda obtuvo solo 6,895 votos.
Su candidatura estuvo en vilo. En julio, el ciudadano Luis Giovanny Vásquez Mendívil presentó una tacha contra él y Hernando Montoya Alberti, pero la comisión especial del Congreso las declaró improcedentes.
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Apto: Alcanzó 76.10 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC).
El abogado de 57 años consignó en la hoja de vida que presentó al Congreso haber ejercido el derecho durante quince años. Obtuvo el grado de doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Piura en 2016. El título de abogado lo logró en los noventa en la Universidad Nacional de Trujillo. Posteriormente, hizo una maestría en la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad César Vallejo.
Es autor de cinco libros sobre derecho constitucional, pese a no tener la especialidad.
Ha sido juez superior supernumerario de la primera y segunda sala de apelaciones de Piura en el 2012. Un año antes, fue juez del Tercer y Cuarto Juzgado Especializado Civil de la misma región. En los últimos años se desempeñó como abogado independiente en derecho constitucional y afines.
Actualmente, trabaja como docente de la Universidad Nacional de Piura, en el programa de doctorado y maestría. Asimismo, es profesor de pregrado en la escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo.
Carrasco García es excandidato al Congreso por Unión por el Perú (UPP) en las elecciones complementarias de enero del 2020 y se presenta por segunda vez al concurso público.
También postuló a regidor provincial por Somos Perú de Piura en las elecciones municipales y regionales del 2022.
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El pasado 29 de noviembre, los cuatro abogados fueron declarados aptos para ser elegidos como nuevos magistrados del TC por la Comisión Especial conformada para ese propósito, presidida por el parlamentario Idelso Correa (APP). El grupo de trabajo tuvo como vicepresidenta a Rosselli Amuruz (Avanza País) y a José Jerí (Somos Perú) como secretario.
Para que sean elegidos, los candidatos deben obtener el voto favorable de dos tercios del número legal de parlamentarios, es decir, 87 votos. En caso que ninguno de los candidatos obtenga dicho respaldo, se procederá a la presentación de un nuevo grupo de postulantes.
Revisa aquí el informe final de la comisión especial:
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