La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República reanudará el debate del dictamen –que agrupa 16 proyectos de ley- que plantea el adelanto de elecciones generales para fines del 2023 en su sesión de este martes 14 de marzo, desde las 9:30 a.m.
De acuerdo con el texto propuesto, la presidenta de la República concluiría su mandato el 30 de abril de 2024. Mientras que los congresistas el 29 de abril 2024. Los representantes ante el Parlamento Andino, elegidos en las elecciones 2021, culminarían su representación el 31 de diciembre de 2026.
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Se precisa también que la mandataria Dina Boluarte deberá convoca a elecciones generales el segundo domingo de diciembre de 2023. Quien resulte elegido como presidente asumirá el cargo ante el Congreso el 1 de mayo de 2024 y terminará su mandato el 28 de julio de 2028.
En tanto, los congresistas elegidos asumirán sus funciones el 30 de abril de 2024 y concluirán su representación el 26 de julio de 2028. El texto no incluye el pedido de consulta popular para una asamblea constituyente.
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Aunque la discusión del adelanto de elecciones retornó a la Comisión de Constitución con el respaldo de 69 congresistas, durante la sesión del pasado martes 7 de marzo la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto al predictamen es aún lejana.
Congresistas de bancadas como Acción Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso (APP) han considerado que antes deben discutirse reformas que acompañen las nuevas elecciones o que se considere un plazo diferente, como abril del 2024, para esta convocatoria.
La Comisión de Constitución también debatirá otro predictamen recaído en los proyectos de ley 3144/2022-CR, 3880/2022-CR y 3949/2022-CR, que establece la renovación por mitades de los integrantes del Parlamento y permite que los candidatos a la Presidencia de la República puedan postular al Congreso.
Del mismo modo, dicho grupo de trabajo verá otro predictamen –que agrupa 21 proyectos de ley- que garantiza la idoneidad de la función pública.
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Esta iniciativa plantea que los condenados por tráfico de drogas, violación sexual, corrupción de funcionarios, homicidio, entre otros delitos, no puedan postular a cargos de elección popular.
El predictamen que debatirá la Comisión Constitución plantea para ello la modificatoria de los artículos 34-A, 39-B y el inciso 22 del artículo 139 de la Carta Magna, a fin de garantizar la idoneidad para el ejercicio de la función pública.
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