Este lunes 27 de marzo sesionarán en el Congreso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética Parlamentaria, a fin de abordar diversos casos vinculados al desempeño de parlamentarios y otros personajes de la política.
La Comisión de Ética Parlamentaria tiene en agenda el debate del caso que involucra al congresista Darwin Espinoza (AP) por las expresiones que lanzó durante una sesión plenaria en contra de la parlamentaria fujimorista Tania Ramírez. El primero calificó a la segunda de “tendera”, pidiéndole que “pague la ropa”.
En la orden del día de la agenda de la Comisión de Ética figura también la revisión del informe de calificación del expediente que comprende a los congresistas Flavio Cruz (PL), Segundo Quiroz (BM), Rosangella Barbarán (FP) y Nieves Limachi (JP) por haber realizado viajes con el presunto objetivo de celebrar el año nuevo, supuestamente pagados con fondos del Parlamento Nacional.
También la revisión de informes de calificación de expedientes que comprenden, respectivamente, acciones de los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Katy Ugarte (no agrupada) y Margot Palacios (PL).
Acusaciones constitucionales
En cuanto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la agenda de la sesión incluye el debate del informe de calificación de la denuncia constitucional planteada por el congresista Arturo Alegría (FP) contra el extitular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce.
Los cargos por los que se ha planteado esta denuncia son falsedad genérica y omisión de actos funcionales, así como infracción de los artículos 38 y 45 de la Constitución. Estos derivan del hecho de que el exministro Arce omitió en su hoja de vida sus antecedentes judiciales; situación que el titular del gabinete supuestamente avaló.
Se ha considerado además la sustentación, debate y acuerdo del informe de calificación propuesto sobre la denuncia constitucional que interpuso el parlamentario Alex Flores (PL) contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el exministro del Interior, César Cervantes.
La denuncia contra ambos personajes tiene que ver con la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, y la infracción de los artículos 39 y 44 de la Constitución, presuntamente cometidos al reprimir y generar la muerte de personas que en diversas regiones participaban en protestas contra el gobierno.
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