El Congreso de la República no quiso respaldar la denuncia constitucional que la fiscalía de la Nación presentó contra el excongresista y excontralor Edgar Alarcón. Primero el miércoles, con solo 47 votos a favor y 35 abstenciones, el Parlamento mandó al archivo el informe que recomendaba acusar al exfuncionario por presunto peculado doloso.
Luego el jueves tampoco apoyó mayoritariamente un pedido para reconsiderar dicha decisión. El recurso, impulsado por la congresista Susel Paredes, obtuvo 64 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, cuando el mínimo era 66.
Por su condición de excongresista y excontralor Alarcón goza de la protección constitucional de antejuicio político: el Congreso debe aprobar cada denuncia que envíe la fiscalía de la Nación para que ésta pueda seguir con el proceso penal.
Según informó El Comercio, en julio de 2020, la denuncia por presunto peculado doloso, se vincula a supuestos gastos injustificados cuando Edgar Alarcón, en aquel momento congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización, ejerció el cargo de contralor (2016-2017).
De acuerdo al informe de El Comercio, la denuncia fiscal, presentada el 10 de julio de 2020, señala que dichos pagos se habrían realizado a través de 50 recibos por honorario de labores “ficticias” que habrían realizado diversos proveedores, donde se “verifica” que “no habrían prestado los servicios que se detallan en sus respectivos recibos pos honorarios, por lo que se concluye que serían servicio ficticios o simulados”.
Los servicios servicios descritos están relacionados con la recopilación y análisis de información, apoyo contable, veedurías, apoyo administrativo y otros.
“La presente denuncia está relacionada con la (presunta) apropiación de fondos públicos provenientes de la caja chica central de la Contraloría General de la República, con los cuáles se pagaron diversos servicios que no fueron prestados en favor de la entidad”, se indica en el documento reseñado en la nota de julio de 2020.
Esta es la denuncia constitucional de 73 páginas que la fiscalía de la Nación presentó en julio de 2020:
Edgar Alarcón siempre rechazó todas las imputaciones.
En otro informe de El Comercio de abril del 2021, el abogado penalista Rafael Chanjan, explicó que, de aprobarse la denuncia en el Pleno, ya se habilita a los órganos de justicia para enjuciarlo y determinar si alguna sanción. Eso no sucedió.