La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debatirá el lunes 31 de mayo el informe de calificación de la denuncia presentada contra el expresidente Martín Vizcarra por la contratación de Richard Cisneros, conocido artísticamente como ‘Richard Swing’.
Así lo informó el presidente de dicho grupo de trabajo, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), quien detalló a través de su cuenta en Twitter que la sesión se iniciará ese día a partir de las 8:00 a.m.
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El informe de calificación que se debatirá este lunes acusa al destituido exmandatario de los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso y negociación incompatible.
La denuncia también comprende a las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, por el presunto delito de peculado doloso por apropiación para tercero agravado en agravio del Estado peruano.
Como se recuerda, el pasado 8 de mayo el pleno del Parlamento aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre los procesos de contratación del Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha, que incluye el caso ‘Richard Swing’ e involucra a Vizcarra Cornejo.
Por 93 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones, la representación nacional aprobó el documento sustentado por la legisladora Yessica Apaza (Unión por el Perú), integrante de dicho grupo de trabajo parlamentario.
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El informe final de la investigación sindica varias responsabilidades a Vizcarra Cornejo, recomienda acusarlo constitucionalmente “por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, así como por “liderar una organización criminal”.
Asimismo, considera que “corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes”.
Del mismo modo, a Martín Vizcarra se le imputa el presunto delito de encubrimiento real en dicho caso y otros ilícitos en torno a distintas contrataciones de allegados en otros sectores.
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El informe de la Comisión de Fiscalización concluye que se ha establecido la comisión de varios delitos con las contrataciones de personas naturales vinculadas al entorno del expresidente, los cuales ya vienen siendo investigados por el Ministerio Público, aunque por delitos aislados y no como organización criminal.
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