La Fiscalía de la Nación realiza por segunda vez en menos de un mes inmuebles vinculados al congresista Raúl Doroteo, de Acción Popular, investigado por supuestamente ser parte del caso “Mochasueldos”.
Según fuentes de El Comercio, las diligencias están a cargo del Área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación y se realizan en su domicilio ubicado en la Av. Cortijo, en Surco.
El personal de la fiscalía también ingresó a las oficinas parlamentarias de Doroteo ubicadas en el Jr. Huallaga y en la Av. Abancay, en el Cercado de Lima.
Esta es la segunda vez que ordenan un allanamiento contra Doroteo Carbajo, ya que el pasado 15 de abril el Ministerio Público también realizo diligencias de este tipo por este mismo caso.
De acuerdo a las investigaciones, el parlamentario habría exigido a través de un asesor el 50% de las remuneraciones de una técnica de su despacho, María Fernanda Morales Gutiérrez, quien hizo la acusación pública a través del programa ‘Beto a Saber’.
La trabajadora del despacho declaró ante la Fiscalía de la Nación el 4 de abril lo mismo que reveló en el medio periodístico y ratificó que Raúl Doroteo la obligó a entregar “la mitad de todos los depósitos que le efectuaba el Congreso”. Estos incluyeron “remuneraciones y bonificaciones”.
En un momento, según el testimonio que dio como testigo de este caso, Morales dijo que se negó a entregar el pago que le exigía el legislador y, ante la negativa, el propio Raúl Doroteo y su esposa fueron a su casa en Pisco el 2 de enero último para exigir el pago.
“El congresista me dijo ‘Morales, qué fue’ y me hizo un ademán con la mano como pidiéndome dinero, ello delante mi mamá y su esposa Elena, por lo que yo le dije que no estaba conforme y me dijo “todos tienen que dar, en todo caso, entrégame S/500. Yo le dije que no tenía, y que el día lunes iba entregar”, aseveró.
Esta versión ha sido rechazada tanto por el congresista como por el asesor que supuestamente facilitó estos pagos, Mario Ricardo Reyes Ortiz.
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