La Comisión Permanente del Congreso evaluará la participación del expresidente Pedro Castillo de manera virtual para ejercer su derecho de defensa en el debate y votación del informe final de la denuncia constitucional 307, que recomienda acusarlo por varios delitos, entre ellos por ser presunto líder de una organización criminal.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), hizo la solicitud, “en aras de garantizar el debido proceso”, de que se notifique nuevamente a Castillo Terrones y al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.
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Asimismo, Camones Soriano solicitó la presencia del exmandatario utilizando los medios tecnológicos, sin necesidad de que concurra físicamente a la sede parlamentaria, lo cual puso a consideración a la Presidencia de la Comisión Permanente.
Indicó que tanto Castillo Terrones como Silva Villegas fueron debidamente notificados el pasado 5 de enero para realizar sus respectivos descargos en la sesión. Sin embargo, ambos no cumplieron con el trámite regular correspondiente. Pese a ello, la titular de la subcomisión hizo la solicitud para que se les notifique otra vez.
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En el caso del exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado, dijo que recibió su respuesta a la notificación en forma notarial señalando que se allana a lo que decida la subcomisión a fin de que se inicien las investigaciones en la jurisdicción correspondiente.
Antes, Camones dijo haberse informado de que el abogado del exmandatario habría difundido una carta, a través de las redes sociales, en la que pediría que su patrocinado esté presente en la sesión. No obstante, no ha sido recibida en la mesa de partes de la subcomisión, ni en la del Congreso.
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Acusado por varios delitos
El informe final, leído en la sesión, recomienda acusar ante el Pleno del Congreso a Castillo Terrones por varios presuntos delitos, entre ellos haber actuado en contra de la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada y de tráfico de influencias agravadas.
Asimismo, por ser presunto cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión. La acusación también incluye a Silva Villegas por los presuntos delitos de haber actuado contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal y la administración pública y colusión en agravio del Estado.
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Asimismo, al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado por la presunta comisión del delito de afectar la tranquilidad pública.
El documento elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales refiere los casos de Petro-Perú, donde se habría copado los principales cargos en esa entidad; y el direccionamiento a través del proceso de Adquisición por Competencia para la compra de Biodiesel B100 a favor de una empresa.
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En el caso del extitular del MTC la acusación lo comprende, porque a través de él se copó ilegalmente su sector. Además, de direccionar las licitaciones convocadas por Provías Descentralizado, entre otras. Similar situación es la de Alvarado López, quien habría copado su portafolio con personas afines a sus intereses y controlar proyectos de saneamiento urbano y rural.
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