La congresista Dina Calle (Podemos Perú) defendió su proyecto de ley que busca legalizar las posesiones informales en zonas arqueológicas asegurando que “no está lejos de la realidad ni del marco legal”.
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A través de un pronunciamiento, la parlamentaria manifestó que el Ministerio de Cultura (Mincul) tiene la competencia de retirar la condición de arqueológica luego de evaluar que la misma ya no tiene esa naturaleza.
“Muestra de ello es la Resolución Viceministerial Nro. 000241-2021-VMPCIC/MC de fecha 20 de octubre de 2021, que resolvió retirar la condición de bien integrante del patrimonio cultural de la nación al área de 13.3667 hectáreas que corresponden al sitio arqueológico Loma de Corvina Parcela A, Villa El Salvador”, indicó.
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También recordó la norma emitida el 4 de noviembre, que aprueba una directiva para la evaluación de la procedencia de solicitudes de intervenciones arqueológicas, en el marco del decreto supremo 017-2021-MC, que dispone medidas excepcionales para establecer la procedencia de la presentación de solicitudes de intervenciones arqueológicas que tengan como finalidad la ejecución de obras de saneamiento.
“Exhorto al Poder Ejecutivo a afrontar la problemática real de los peruanos y no sólo a emitir comunicados de rechazo para el beneplácito de un sector”, sentenció Calle Lobatón en su pronunciamiento.
De acuerdo a la propuesta, para retirar la condición de zona arqueológica, se propone que la ocupación del sitio haya sido pacífica antes del 31 de diciembre del 2015, se cuente con constancia de posesión, se hayan ejecutado proyectos de inversión pública y se tenga al menos un servicio básico.
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“La presente ley tiene por objeto establecer el régimen excepcional para la formalización de posesiones informales asentadas hasta el 31 de diciembre de 2015, en zonas arqueológicas y/o históricas y en zonas de protección y tratamiento paisajista”, indica la iniciativa.
Al respecto, el exministro de Cultura Luis Jaime Castillo dijo al diario El Comercio que la propuesta es una “barbaridad” y que la necesidad de viviendas no puede colisionar con el mandato constitucional del Estado de proteger el patrimonio cultural, tanto en su expresión arqueológica como histórica.
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