En un video colgado en sus redes sociales, la titular del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) pidió al presidente, Pedro Castillo, que convoque a un Consejo de Estado para poder brindarle “un mensaje de estabilidad al país”.
“Es urgente y fundamental la convocatoria a un Consejo de Estado para que con la participación de las principales autoridades que lo integramos podamos darle un mensaje de estabilidad al país y garantizarle a nuestro pueblo que el Estado enfrentará los temas urgentes como salud, educación y estabilidad económica para generar trabajo”, sostuvo Alva Prieto.
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El 21 de junio pasado, el entonces presidente Francisco Sagasti convocó a un Consejo de Estado. Se reunió con los titulares de los principales poderes del Estado y los órganos constitucionales para abordar la situación política actual.
Pero ¿qué es el Consejo de Estado? y ¿Quiénes lo integran? En julio del 2020, El Comercio publicó un informe sobre esta instancia, cuyos extractos reproducimos a continuación:
La figura del Consejo de Estado no está contemplada de forma expresa en la Constitución Política del Perú ni tampoco en ninguna ley. Sin embargo, implica que los presidentes de las principales instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se reúnan a un mismo nivel ─respetando su autonomía─ para abordar y coordinar eventuales acciones frente temas de gran trascendencia para el país.
Es una práctica común que a este encuentro también se convoque a los organismos constitucionalmente autónomos, como es el caso del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.
Durante el gobierno de Martín Vizcarra, en marzo del 2020, el Consejo de Estado se reunió en tres ocasiones a fin de informar sobre las medidas implementadas para frenar el avance del coronavirus, así como para realizar acciones conjuntas y hasta escuchar propuestas de los sectores.
En estos encuentros realizados en el marco de la emergencia nacional, también participaron los entonces titulares de los ministerios claves como el de Salud, Interior y Justicia, entre otros.
Detalles
El Consejo de Estado no está regulado expresamente ni en la Constitución de 1979 ni en la de 1993. Sin embargo, en la práctica se maneja como una instancia consultiva y a través de la cual “se materializa el principio de cooperación entre poderes”.
Para el constitucionalista Luciano López, el Consejo de Estado “básicamente sirve como una mesa de coordinación y de acuerdos entre los poderes públicos”. Es decir, los tres poderes del Estado, pero también los organismos constitucionales autónomos.
“Sirve como una mesa en donde se sientan los principales representantes de los principales poderes públicos y cuyo fin es coordinar planes de acción y coordinar políticas públicas para atender un fin común. En los últimos tiempos, cuando se ha realizado, se ha hecho para atender emergencias o asuntos muy puntuales”, sostiene López en diálogo con El Comercio.
Por su parte, el constitucionalista Natale Amprimo remarca que en otros países sí existe la figura del Consejo de Estado “como una institución”. Se podría mencionar aquí el caso de España, Francia, Italia y Colombia, por ejemplo, aunque con algunas diferencias.
Sin embargo, añade que en el Perú ha venido sosteniéndose más apegado al ámbito “informal”.
“En rigor, es una cuestión no formal porque no es un órgano que esté contemplado en la Constitución ni en alguna ley. Es la denominación que se le ha dado a la reunión de los principales poderes del Estado y principales organismos estales”, comenta Amprimo, quien resalta la importancia de la separación de poderes.
López también remarca que la efectividad del Consejo de Estado va a depender del compromiso que asuman cada uno de los actores. “Funcionaría dependiendo de que las cabezas de los poderes se tomen en serio su rol y la trascendencia del espacio”, afirma.
Asimismo, para Luciano López, una vez culminada la emergencia del COVD-19, se debería evaluar la formalización del Consejo de Estado vía una reforma constitucional y se pueda determinar las funciones.
Más ejemplos
En nuestra historia reciente, en el siglo XXI, los archivos nos remontan al 2004, cuando Ántero Flores-Aráoz, quien asumía a mediados de ese año como nuevo titular del Congreso, le solicitó al entonces presidente Alejandro Toledo un encuentro en donde también participe el presidente del Poder Judicial.
“El hecho de tener coincidencias y discrepancias no nos hace enemigos. Todos tenemos por norte al Perú, y el presidente de la República ha aceptado esta sugerencia para tener una entidad similar a un Consejo de Estado, como sucede en otros países. Es decir, un organismo en el que nos podamos reunir los tres presidentes de los poderes del Estado para efectuar coordinaciones, ayudar en el manejo del Estado, sin perjuicio de la autonomía e independencia”, señaló Flores-Aráoz a la prensa, tras un encuentro con Toledo en Palacio de Gobierno.
Sin embargo, esto no se concretó hasta enero del 2005. Fue convocado por Toledo a raíz de la toma de la comisaría en Andahuaylas por el grupo que encabezó el ahora condenado Antauro Humala, que finalmente cobró la vida de cuatro policías.
Durante el Gobierno de Ollanta Humala, en febrero del 2015, el Consejo de Estado fue citado para abordar la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción.
No obstante, se trató también sobre la denuncia de un supuesto espionaje a favor de Chile por integrantes de la Marina de Guerra del Perú. En la reunión también participó el comandante general de la Marina.
Asimismo, en diciembre de ese mismo año, Humala convocó a otra reunión de Consejo de Estado para analizar la declaratoria de emergencia que se había dado en la región Callao, tras los altos índices del crimen organizado y la delincuencia.
Por su parte, a poco de iniciar su Gobierno, en octubre del 2016, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) lideró un Consejo de Estado a fin de coordinar acciones en materia de lucha contra la corrupción.
La gran ausente en la cita fue la entonces presidenta del Congreso, Luz Salgado (Fuerza Popular), argumentando que la Constitución no contemplaba las ‘reuniones de trabajo’ entre los poderes del Estado.
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