El procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera, solicitó este jueves la inhibición de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, del proceso que sigue la demanda competencial sobre la vacancia presidencial presentada por el Ejecutivo.
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“Nos vemos en la imperiosa necesidad y con el debido respeto de solicitar se sirva dar cuenta y disponga por el digno pleno la inmediata inhibición y apartamiento en la presente causa de la magistrada y presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Leonor Ledesma Narváez, por haber adelantado opinión con relación directa al presente proceso competencial, aún en trámite, faltando de esa manera a la majestad del cargo que ostenta, faltando al pleno, faltando a su propio cargo como presidenta del Tribunal Constitucional, en tanto vocera oficial del mismo y afectando gravemente a la imparcialidad del cargo que ostenta”, indica Peña Tavera en su escrito, dirigido al vicepresidente del pleno del TC.
El pedido se basa en un artículo periodístico de Perú 21 titulado: “La vacancia es la lucha por el poder”, en el que -a consideración del procurador- la magistrada “adelantó que tiene una posición negativa respecto de los pedidos de vacancia”.
“Con estas declaraciones, la señora magistrada y presidenta del Tribunal Constitucional, ha emitido y dado a conocer de manera pública su posición explícitamente subjetiva, peyorativa en extremo al Congreso de la República, parte demandada de esta causa constitucional, evidenciando con ello una total vulneración al principio de imparcialidad”, agrega el procurador.
A fines de octubre, Peña Tavera también solicitó la inhibición y apartamiento del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña de este mismo proceso.
En setiembre, el Poder Ejecutivo presentó formalmente ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial y una medida cautelar en contra del trámite de la primera moción de vacancia presentada contra el presidente Vizcarra por supuesta incapacidad moral permanente.
Tras su evaluación, el pleno del TC admitió a trámite por mayoría la demanda competencial, pero rechazó la medida cautelar que buscaba paralizar el proceso en el Congreso (que finalmente no tuvo éxito).
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