La Procuraduría del Congreso de la República a cargo de Manuel Eduardo Peña Tavera, interpuso recurso de apelación contra la medida cautelar del Poder Judicial que dispuso la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), según conoció El Comercio.
Además, a través de otro documento al que accedió este Diario, Peña Tavera también presentó un recurso de nulidad contra la resolución que admite a trámite la demanda de amparo contra dicho proceso a cargo del Legislativo.
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Ambos escritos fueron presentados ante el despacho de la juez Soledad Blácido Baez, del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, que admitió a trámite la demanda y dictó la medida cautelar contra la elección programada para el 7 y 8 de julio, en el Parlamento.
Fuentes del Congreso indicaron que se efectuaron ambas medidas de acuerdo a lo que establece la ley.
El pasado lunes, ante la Comisión de Constitución y Reglamento, el procurador del Congreso sostuvo que existiría una “falta de legitimidad del accionante” por lo que no habría razón para que la demanda de amparo sea admitida a trámite de acuerdo al artículo 39 del Código Procesal Constitucional.
Como se recuerda, el demandante es Walter Ayala, expresidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima Walter Ayala, quien no participó del concurso de selección de candidatos al TC.
“El afectado es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo (…) lo cual no se cumple con el demandante, al igual que en el artículo 41 del mismo Código”, dijo Peña Tavera ante la comisión.
Además, el procurador alegó que las pretensiones de la demanda de amparo “vulneran el principio de separación y balance de los poderes consagrados en los artículos 43 y 93 de la Constitución Política”.
También, aseguró que la resolución judicial “implica un menoscabo injustificado de la competencia exclusiva delegada constitucionalmente al Congreso de la República, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 201 de la Constitución política”.
Cabe precisar que, el Poder Judicial deberá correr traslado al demandante para que responda a los argumentos de la Procuraduría del Congreso de la República en un plazo de diez días y luego de ello, deberá resolver.
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