Contraloría advierte que Dina Boluarte habría incurrido en infracción constitucional

La Contraloría General de la República, a través de un informe, determinó que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, habría incurrido en una infracción al artículo 126 de la Constitución por haber firmado documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac, durante el actual gobierno.

El artículo 126 de la Carta Magna establece que los ministros “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.

“Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, agrega.

Según informó Canal N, la institución que dirige el contralor Nelson Shack remitió el documento al Congreso y a la propia Boluarte el último viernes. Esto fue confirmado por fuentes de la Contraloría a El Comercio.

Fuentes de la Mesa Directiva del Parlamento señalaron a este Diario que el informe no ha sido revisado, porque el Palacio Legislativo estuvo cerrado el fin de semana por una fumigación.

Las mismas fuentes informaron que es probable que en el Consejo Directivo, que fue convocado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para hoy lunes a la 11 a.m., se aborde este tema.

Boluarte, en calidad de primera vicepresidenta de la República, se encuentra en la ciudad de Davos, en Suiza, para participar de la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). Tiene previsto retornar al país el 27 de mayo.

El despacho de Desarrollo e Inclusión Social fue encargado al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino por este tiempo.

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Podría ser inhabilitada por el Congreso

El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que el Congreso, a raíz del informe de Contraloría, podría acusar constitucionalmente a Boluarte Zegarra. Agregó que si la denuncia procede, la abogada podría ser no solo destituida del cargo de ministra, sino también “inhabilitada hasta por 10 años” para ejercer la función pública.

Urbina, en comunicación con este Diario, señaló que si el Parlamento inhabilita a Boluarte, ella no podrá continuar como primera vicepresidenta de la República y tampoco asumir la administración del Despacho Presidencial, cuando el presidente Pedro Castillo se ausente del país o si llegará a renunciar o ser vacado.

“Para [la inhabilitación] no son necesarios 87 votos, para la acusación constitucional se requieren 66 votos [fuera de los integrantes de la Comisión Permanente]”, explicó.

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Una postura similar tuvo el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien dijo que es probable que uno de los 130 congresistas tome el informe de Contraloría y presente una denuncia constitucional contra Boluarte ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“El proceso [antes de llegar al pleno] puede demorar entre tres y cuatro meses, y la señora Boluarte podría ser inhabilitada para ejercer la función pública. Por ejemplo, sí lo hace por cuatro o cinco años, prácticamente está fuera del gobierno. La contraloría es una institución seria, [el informe] es una prueba”, remarcó a este Diario.

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Rospigliosi indicó que así Boluarte haya firmado solo un documento que transfería el control del Club Departamental Apurímac a una nueva Junta Directiva, la infracción ya estaría constituida.

“Ella debió renunciar y la institución convocar a su directorio o socios y elegir a un nuevo presidente”, acotó.