El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que la Policía Nacional está en “una profunda crisis”. (Foto: Percy Ramírez | Archivo El Comercio)

Sebastian Ortiz Martínez

El defensor del Pueblo, , defiende la posición de su institución, expresada en que el envió a la primera ministra, Violeta Bermúdez, en el sentido de que el gobierno afectó “los derechos fundamentales” de los 18 generales de la Policía que fueron cesados. Agregó que espera una respuesta del gobierno sobre la motivación de esta medida.

Mira: El impacto de la crisis en la Policía sobre el Gobierno de Francisco Sagasti | ANÁLISIS

— ¿Cuál ha sido el balance que ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre el rol que cumplió la durante la crisis política? ¿Tuvo una actuación represora?

Fuimos los primeros que dijimos que, en Lima, la Policía Nacional hizo un uso abusivo y exagerado de la fuerza. Si bien es cierto que las manifestaciones a nivel nacional se desarrollaron con relativa normalidad, incluso la Policía distribuyó mascarillas y realizó un despliegue para las marchas, eso no sucedió en Lima, donde hubo situaciones donde claramente se uso de manera excesiva la fuerza. Nos ha sorprendido esa reacción de la Policía, desde hacía tiempo que no había actuado con ese nivel de virulencia. Hay que mirar esta crisis, esta situación como una oportunidad para fortalecer los protocolos y para institucionalizar mecanismos que sean disuasivos y que no generen más perdidas lamentables, como la vida de estos jóvenes en las manifestaciones en noviembre.

— ¿Es necesaria una reforma en la Policía Nacional? ¿Por qué?

Sin duda, es necesario que haya una reforma, una reinstitucionalización, tal vez las claves estén en la capacitación de la Policía, mucha capacitación y en fortalecer los protocolos para este tipo de situaciones y conflictos. También hay algo que no debe perderse de vista, la Policía es la institución que está desplegada por todo el país, es el rostro del Estado. Hay más de 1.300 comisarías. Pero cuando un ciudadano se acerca al Estado, a través de estas, muchas veces están en una situación crítica. Como decía Marshall McLuhan el ambiente es el mensaje, pero si yo llego al Estado a través de una comisaría y lo primero que encuentro es una situación ruidosa, ese no es un mensaje de seguridad y confianza al ciudadano. La reforma de la Policía también pasa por mejorar su equipo, su infraestructura, su tecnología y en fortalecer su institucionalidad.

— Han pasado tres semanas desde las muertes de y en las protestas contra el gobierno de Merino. ¿Por qué cree que las investigaciones no están avanzando con celeridad?

Estas investigaciones corresponden al Ministerio Público, desde luego también a la propia Policía, esto en el marco interno. No sabemos, no tenemos información de qué tanto se esté avanzando o no, pero la impresión que tengo es que no se está avanzando mucho en la medida de que en estas tres semanas hemos tenido tres ministros del Interior, y eso a ninguna institución le hace bien, no contribuye a la institucionalidad.

— ¿Cuántos heridos graves dejaron las protestas? ¿El Estado se ha acercado a ayudar a esas familias?

Había cerca de un centenar de personas heridas de distinta afectación o gravedad. La Defensoría del Pueblo ha estado presente, el propio gobierno, el representante del alto comisionado de la ONU y la CIDH han destacado el rol de la nuestra institución en garantizar los derechos humanos en el momento de las protestas. Al 25 de noviembre, de las 85 personas heridas atendidas, 11 permanecían hospitalizadas.

— ¿El efímero gobierno de fue de corte autoritario?

Bueno, ahí hay un tema que me parece fundamental, digamos que le faltó entender el contexto, comprender. Una de las preguntas que se me hizo en el Congreso hace un par de semanas era cómo era posible que se diera una protesta en pleno estado de emergencia. Entonces, nuestra respuesta fue que la protesta es un derecho que forma parte de la libertad de expresión, y también es un derecho de crítica respecto al ejercicio del poder. En una democracia no puede eliminarse el derecho a la protesta. ¿Qué le faltó a Merino? Entender eso, ser empático. Si usted es presidente o ministro, no puede denigrar el derecho a la protesta, tampoco puede tener un discurso que lo ataque o detenga…

— ¿Qué tipo de gobierno fue el de Merino: democrático, represor o autoritario?

No le voy a contestar dentro del espectro que usted plantea, porque la respuesta yo no la voy a encasillar. Es un gobierno que nace de una crisis política, de una interpretación extensiva del artículo 113 de la Constitución [sobre la vacancia por incapacidad moral], y que se equivoca frontalmente respecto al derecho a la protesta.

— ¿Merino debe pedir una licencia de sus funciones de congresista, ?

Estas investigaciones tienen que hacerse a profundidad y respetando el debido proceso. Y en este momento existen problemas estructurales y coyunturales mucho más demandantes y urgentes, como los conflictos sociales y lo que pasa en el Ministerio del Interior. Yo creo que tiene que investigarse con rigor, objetividad y respetando el debido proceso.

— Merino de Lama sobre las marchas de la generación bicentenario, al sostener que su régimen “no quebró la democracia” …

Hubo una interpretación extensiva del artículo 113, y como había argumentos para ambos lados [Congreso y Ejecutivo] creíamos que el Tribunal Constitucional debía zanjar este tema. Lamentablemente, el TC no lo ha hecho y este Congreso debería regular mejor ese artículo. En relación que si el gobierno de Merino, usted me está reiterando la pregunta, si fue o no autoritario, yo no le voy a dar una respuesta en ese sentido. Para nosotros, es un gobierno que por lo menos literalmente tenía una cierta base desde el punto de vista de la Constitución, pero claramente equivocado en su conducta. No supo ganarse la legitimidad de ejercicio.

— Y su posición sobre la exposición en el LUM que, de acuerdo a un sector, Merino busca censurar…

No, nadie puede censurar, el derecho de opinión y exposición forma parte de la esencia del sistema democrático, así que nadie puede censurar ningún artículo, informe, obra de arte o exposición.

— El presidente Sagasti indicó recientemente que la crisis en la Policía era un tema cerrado para él, pero usted, en una carta a la primera ministra, le pide al gobierno “resarcir los derechos fundamentales” de los 18 generales pasados al retiro. ¿Está pidiendo que sean repuestos?

No señor. Nosotros lo que estamos diciendo es que hubo una interpretación incorrecta del artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional. Si bien es cierto que la atribución de renovación de cuadros [en la PNP] la tiene el presidente de la República, esta se tiene que hacer respetando el debido proceso, los derechos al honor, la buena reputación, al trabajo y a la igualdad. También se debe fundamentar con argumentos de hecho y derechos, cuáles son los motivos de la toma de decisión. El gobierno debe respetar a meritocracia y medir la previsión de consecuencias. El gobierno debe encontrar una solución que compagine todo esto, la solución no se la puedo dar yo.

— ¿A qué se refiere cuando le pide al Ejecutivo “resarcir los derechos fundamentales” de los 18 generales pasados al retiro?

Ese mecanismo, cómo lo hace, si es que finalmente los responde, esa será una decisión; si es que los va a resarcir económicamente, esa será otra decisión; o si busca una solución intermedia, esa será otra solución. Yo no le voy a decir si es A, B o C, esa no es mi función.

— La primera ministra Bermúdez dijo que le sorprendió su carta, porque al día siguiente de los cambios en la Policía hubo un Consejo Estado en Palacio de Gobierno, donde usted estuvo presente “y no dijo nada”. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo reacciona después de casi dos semanas?

He escuchado la entrevista de la señora Bermúdez y quiero decir varias cosas, en primer lugar, la carta es una posición de la Defensoría, es producto de un riguroso análisis constitucional, no es cualquier documento. También representa la posición institucional. Y ahora, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, todas las instituciones a las que se les comunica una opinión u observación están obligadas a contestar estas comunicaciones, expresar razones o los argumentos de su toma de decisiones, si las van a corregir o no.

Y le voy a dar tres razones por las cuales nosotros hemos sacado recién este documento. La primera es cuando Sagasti llega a la Presidencia y Bermúdez al Gabinete, lo hicieron en un momento de crisis política. Y, además, todavía no tenía el voto de confianza. Y encima estábamos con las movilizaciones en Ica y en el norte. Entonces, sacar un documento en ese momento hubiera servido para que determinados sectores políticos, al momento de que Gabinete fuera al Congreso, lo cuestionaran en base a ello. La Defensoría del Pueblo, justamente, realiza la previsión de las consecuencias de su acto. Y quisiéramos que el Gabinete así lo entienda. No es que a nosotros se nos haya ocurrido recién, no es que no levantamos y dijimos “esto está mal”.

— Bermúdez dijo que el exministro del Interior Cluber Aliaga recibió una copia de su carta a la 1:00 p.m. del lunes, cuando ya había renunciado. ¿Fue una coincidencia o hubo una conversación?

No, por favor, esa es una insinuación que yo no acepto de ninguna manera, la rechazo enfáticamente. Este documento lo teníamos, lo enviamos por la mañana [del lunes] por la web y luego fue enviado formalmente. No existe, al señor, al exministro ni siquiera lo conozco.

— ¿La salida de Cluber Aliaga del Ministerio del Interior a solo cinco días de haber asumido el cargo indica que la crisis en el sector continúa?

Es una señal de que se han cometido errores, la propia primera ministra lo ha reconocido, también es una señal de que estamos en medio de una profunda crisis en la Policía Nacional y de que se tienen que hacer correcciones. A mí, me parece positivo que haya sido designado [como ministro] José Elice, es un profesional de larga y amplia trayectoria y de profundas convicciones democráticas. Él ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, fue el jefe de mi gabinete de asesores. Es una persona que conoce muy bien cuáles son los estándares constitucionales que deben regir cualquier acto de gobierno. Estoy atento en cualquier momento conversar con el ministro del Interior con miras a que el gobierno encuentra una solución.

— Con el ingreso de José Elice al Ministerio del Interior tendremos siete titulares de esa institución en un año…

Esto revela una profunda inestabilidad, es imposible hacer gestión con siete ministros en un año [Gastón Rodríguez tuvo dos administraciones, una con Vizcarra y otra con Merino], ninguna institución aguanta. También revela que hay que hacer una reforma profunda, los primeros pasos se pueden ir dando desde este gobierno. Cualquier reforma de una institución de la importancia de la Policía va a requerir años, pero creo que los primeros esfuerzos se deben empezar ya.

— ¿Usted está de acuerdo en que gerentes del Servir asuman la conducción de las áreas de la Policía que definen los contratos y servicios, donde se han registrados denuncias por presuntos actos de corrupción durante la pandemia?

La Defensoría del Pueblo también ha sido una de las primeras instituciones que ha señalado la necesidad de hacer un combate firme contra la corrupción, no solo en el Estado, sino particularmente en la Policía, donde hay funcionarios de primer nivel, pero también hay de aquellos que han cometido delitos en plena emergencia sanitaria. Tiene que investigarse y establecerse filtros. Somos partidarios

Relación del Congreso con el Ejecutivo

— A cuatro meses de las elecciones, ¿cómo avizora la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo?

Desafortunadamente, es una situación que todavía sigue siendo tensa. El presidente Sagasti proviene del Congreso, es un presidente para completar un mandato y salir de una situación de emergencia. El Congreso debe comprender que los actos legislativos, de la gestión parlamentaria, también tienen límites. No solo tienen límites los jueces en la administración de justicia, los ministros en los actos de gobierno, también lo tiene el Parlamento. En consecuencia, tanto la representación y fiscalización deben tener límites, todos tenemos que hacer el esfuerzo por llevar al país hacia las elecciones y el bicentenario de la manera más armoniosa.

— ¿El gobierno de Francisco Sagasti es frágil, institucionalmente hablando?

Es un gobierno que necesita el apoyo de todas las instituciones, yo le he manifestado al presidente Sagasti que cuenta con el respaldo, como colaborador crítico, de la Defensoría del Pueblo, lo hemos demostrado ahora en los conflictos. Y no creo que estemos en el momento de hacer un diagnóstico, el gobierno tiene apenas tres semanas, este es el momento de apoyarlo.

— El congresista José Luna Morales (Podemos Perú), a través de la Comisión de Defensa del Consumidor, ha solicitado a la SBS acceder a información reservada, como la lista de deudores en el país. ¿Cuál es su posición sobre este pedido? ¿Es peligroso en un contexto electoral?

Hace un momento le señalé que el Congreso también tiene límites, los congresistas también tienen límites en el ejercicio de sus funciones, no existe ningún poder exento de control y de límites. Entonces, el ejercicio de una solicitud en los términos planteados excede las facultades del Legislativo. Y estamos en un contexto electoral y, además, el artículo 2 de la Constitución contempla derechos respecto a la privacidad económica y reserva bancaria. La SBS tiene la obligación constitucional de preservar la intangibilidad de esta información y solo utilizarla para razones que la Constitución y la ley establece, no de manera abierta.

— Luna Morales incluso citó a la jefa de la SBS, Socorro Heysen, a pocas horas de que advirtiera sobre los riesgos de su solicitud. ¿Cómo considera este llamado? ¿Es una práctica abusiva?

Dos errores nunca hacen un acierto. Ya se cometió un error pidiendo información demasiado amplía, [Luna Morales] no corrige y además llama la atención a la persona que preserva los alcances del contenido de límites y derechos, ese también es otro error.

— ¿Cuál debe ser el rol que asuma el Ejecutivo ante los conflictos sociales? ¿Cuántos están latentes en la actualidad?

En este momento hay 191 conflictos sociales, mucho de los cuales están en una situación crítica. No es posible que cada seis meses se descubra que el Perú es un país conflictivo, con abismos sociales, desigualdades y agendas pendientes en distintas regiones, eso no es posible. En julio de este año nosotros advertimos esta situación [de las protestas en Ica y en el norte], dijimos que, en el marco de la reactivación económica, estos conflictos iban a reactivarse, porque había un renvalse de demandas sociales. Le recomendamos al gobierno de Vizcarra que se reinicien las mesas de diálogo en todo el país. Se ha desoído completamente a la Defensoría del Pueblo.

Y así como la prevención en salud es lo mejor, de la misma manera es lo mejor para evitar conflictos, es infinitamente más eficiente. Por ejemplo, nadie tiene un registro de los acuerdos en las mesas de diálogo, la Defensoría del Pueblo le presentó al MEF, durante el gobierno anterior, un proyecto para crear una unidad en la institución para hacerle seguimiento, cuánto se avanzó en cada acuerdo para evitar que continúen los conflictos, no nos dieron ni un sol para eso.

— ¿La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM debe tener rango de viceministerio?

Sí, desde luego y no solamente eso. Ahora han designado como jefa de esa oficina a Giselle Huamaní que, además, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo durante mi gestión, es una funcionaria de muy alto nivel, que conoce el tema de conflictos, y estoy seguro que ella hará un trabajo importante. Hay que poner esa oficina en un nivel que permita que esto se despliegue en todo el Ejecutivo y en los gobiernos regionales también.

— Tras la derogación del régimen especial agrario, ¿cuál es el camino que debe seguir el Parlamento y el Congreso? ¿Cuáles deben ser los parámetros de la nueva norma?

La nueva norma debe entender que el sector agrario es uno de los más importantes, que se ha desarrollado en los últimos años, pero también es uno donde más informales hay. De tal manera, que si se da una ley no será para todos, tendría que haber dos normas. Una norma que atienda a las grandes empresas que exportan, que trabajan formalmente, más del 80% es informal, tiene que haber un esfuerzo por comprender e involucrar en la normativa a ese otro gran sector.

— ¿Cómo debe actuar el Estado frente al bloqueo de carreteras en el marco de una protesta?

No existe el derecho a bloquear carreteras, eso es un delito, no existe el derecho a la violencia, a la agresión, lo que existe es el derecho a la protesta pacífica, lo que tenemos que hacer es evitar esa situación. La única manera es precisamente prevenir y generar cierta estabilidad.

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