Cambios en la PNP: claves de una crisis que no tiene cuando acabar

Una de las primeras decisiones que tomó Francisco Sagasti tras asumir la presidencia del Perú fue la renovación del comando policial y el pase al retiro de una larga lista de oficiales generales. Esta medida que el mandatario comunicó en un sorpresivo mensaje a la Nación el pasado 23 noviembre es una de las que más problemas le ha traído en su aún corta estadía en Palacio de Gobierno.

Tres semanas después de anunciar estos cambios en el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) el presidente Sagasti sigue siendo abordado sobre el tema en cada entrevista que ofrece. La avalancha de críticas por una presunta ilegalidad en la designación del nuevo comandante general de la PNP precipitó la salida de Rubén Vargas como ministro del Interior y la de su sucesor Cluber Aliaga, con cinco días en la cartera. La crisis en la PNP se sigue prologando.

1.- ¿Cómo se originó la crisis policial?

Francisco Sagasti Hochhausler asumió el cargo de presidente el 18 de noviembre del 2020. Por esos días, un sector de la población cuestionaba la actuación de la PNP durante el control de las manifestaciones que se dieron entre el 10 y 16 de noviembre contra el régimen de Manuel Merino.

Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo fallecieron el 14 de noviembre, el día más violento de las protestas. Según las necropsias de ley, ambos murieron por impactos de perdigones de plomo, municiones que están prohibidas para la PNP. En el caso de Inti, fueron 10 artefactos los que penetraron su cuerpo.

Otras 200 personas terminaron heridas, algunos de ellas por impacto de perdigones de plomo, por la penetración de canicas de vidrios (como el caso del periodista de El Comercio Alonso Chero) o por el impacto de las granadas de gas lacrimógeno. También resultaron heridos 24 policías con contusiones en el cráneo, en las extremidades y en el tórax.

A raíz de estos hechos, la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial abrió una investigación para identificar a los responsables de las muertes de Jack e Inti. Durante las investigaciones se ha citado a oficiales que estuvieron al mando de las operaciones y también a los policías que se les asignó el uso de escopetas lanza bombas lacrimógenas y también escopetas lanza perdigones. Además se han incautado una veintena de escopetas perdigoneras que se emplearon en la zona donde Jack e Inti cayeron heridos de muerte.

En medio de la conmoción por estos fallecimientos, de las duras críticas que recibía la PNP por parte de un sector de la población y de una investigación fiscal en curso, el presidente Sagasti trató de llamar a la calma. En su discurso de asunción, el mandatario pidió perdón en nombre del Estado por las muertes Inti y Jack. Sin embargo, también insistió en “no generalizar ni estigmatizar” a la institución policial.

Por esos primeros días del gobierno de Sagasti, el entonces comandante general de la Policía, el teniente general PNP Orlando Velasco, retomaba su cargo tras una lucha tenaz contra el COVID-19 que lo llevó al borde de la muerte.

La cronología de la crisis siguió de esta manera: El 21 de noviembre, Velasco estuvo presente en una ceremonia en Palacio de Gobierno junto al presidente Sagasti que saludó su recuperación. El 22 de noviembre, el entonces ministro del Interior, Rubén Vargas, le daba la bienvenida en la sede del ministerio, en San Isidro, diciendo que su retorno marcaba un día especial para la PNP. Pero al día siguiente, el 23 de noviembre, el presidente Sagasti anunció un nuevo comando policial y el paso al retiro de 18 oficiales generales, entre ellos Velasco.

2.- ¿Fue legal el pase al retiro de los oficiales generales?

El presidente Sagasti había tomado la decisión de renovar el alto mando de la PNP eligiendo como nuevo comandante de la Policía al general PNP César Cervantes Cárdenas, que ocupaba el puesto 18 en el escalafón de los oficiales con mayor antigüedad y se desempeñaba como agregado policial en España.

El Ejecutivo sustentó su decisión en el decreto legislativo 1267 (Ley de la Policía Nacional del Perú), que en el artículo 8 establece el procedimiento para la designación del comandante general de la PNP.

Este señala que “el Director General de la Policía Nacional del Perú (comandante general) es designado por el Presidente de la República, entre los tres Oficiales Generales de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en estricto orden de antigüedad en el escalafón de oficiales, por un periodo no mayor de dos (02) años en el cargo”

Líneas más abajo, el mismo artículo dice que “cuando la designación del Director General de la Policía Nacional del Perú recae sobre un Oficial General menos antiguo, los más antiguos a él, pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata”.

Es la interpretación de este segundo párrafo lo que desató la controversia. Para el Ejecutivo, la designación de Cervantes y el pase al retiro de 18 generales es constitucional. Sin embargo, para otros sectores ligados al Mininter y a la PNP se ha cometido una ilegalidad.

Varios grupos de oficiales que ocuparon cargos en las Fuerzas Armadas, en el Comando Conjunto de las FF.AA. y el Ministerio de Defensa emitieron un pronunciamiento para rechazar los cambios efectuados por el Gobierno en la cúpula de la Policía Nacional.

“Ni la renovación de cuadros puede ser usada arbitrariamente (lo que ha sido materia tanto de sentencias del Poder Judicial como pronunciamientos del Tribunal Constitucional), ni la selección del comandante general de una institución de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú puede exceder la limitación de optar entre los tres siguientes oficiales en antigüedad según el escalafón”, indicaron en su comunicado.

Un total de 15 exministros del Interior también firmaron un comunicado en el mismo sentido de rechazo. Ellos sostuvieron que Cervantes no cuenta con “la antigüedad suficiente para ser designado en el cargo por el Presidente de la República”. El mandatario ha sido inducido “a un grave error a partir de una interpretación sesgada de la norma”, indicaron los exfuncionarios.

En el mismo sentido se pronunció el Colegio de Abogados de Lima. En un comunicado del 3 de diciembre, la entidad afirmó que la designación de Cervantes no se realizó “en estricto cumplimiento del marco normativo”. María Elena Portocarrero, decana de este colegio, pidió investigar esa decisión.

También se pronunció la Defensoría del Pueblo. En un oficio remitido el 7 de diciembre a la presidenta del consejo de ministros, Violeta Bermúdez, la institución afirmó que la decisión del presidente Sagasti “no ha tomado en consideración la meritocracia” y que “el error incurrido en la interpretación de las normas que regulan el nombramiento del comandante general de la PNP ha afectado directamente los derechos fundamentales de los oficiales cesados”.

El último fin de semana, en una nueva entrevista, el presidente Sagasti volvió a pronunciarse sobre el tema. Si bien admitió que algunos de los oficiales pasados al retiro no estaban investigados en los presuntos excesos policiales ni en casos de corrupción durante la pandemia, el mandatario se reafirmó en que la decisión ya se tomó y “no hay vuelta atrás”.

3.- ¿Cuáles son las salidas a la crisis?

Rubén Vargas renunció al cargo el pasado de 2 de diciembre, horas después de presentar la captura de 72 supuestos miembros de Sendero Luminoso que habían estructurado bases clandestinas en varios distritos de Lima Metropolitana.

El Ejecutivo nombró como su sucesor al general PNP (R) Cluber Aliaga. El 2016, él había sido pasado al retiro durante la gestión de Carlos Basombrío como ministro del Interior.

El fin de semana en una entrevista con el programa Agenda Política, de Canal N, el nuevo ministro evidenció su rechazo con el pase al retiro de 18 generales al decir que fue una decisión “apresurada” y que su legalidad iba a ser estudiada por un grupo de expertos.

La declaración de Aliaga entraba en cierta contradicción con lo dicho por Sagasti, quien un día antes había declarado que los cambios no se iban a revertir.

En su quinto día como ministro del Interior, Aliaga se presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso donde mostró una serie de videos de personas que habrían incitando a agredir a la policía durante las manifestaciones contra Merino. Por la noche, Aliaga presentó su carga de renuncia.

En una entrevista en Willax TV, Cluber Aliaga aclaró que su renuncia se debió a que la primera ministra, Violeta Bermúdez, “no ha querido escuchar” su posición sobre el pase al retiro de 18 oficiales generales de la PNP. “(Renuncié) por cuestiones de principios, por cuestiones de derecho y por razones de justicia. Es una excelente oportunidad para darle un mensaje a la nación de valores, de que todos los funcionarios tienen que respetar la institucionalidad y la justicia, no podemos permitir la injusticia de ninguna forma. Yo creo que es preferible retractarse de una decisión apresurada que tolerar la injusticia”, afirmó.

En su reemplazo fue designado José Manuel Antonio Elice Navarro, quien se desempeñaba como secretario general del Despacho Presidencial.

José Luis Gil, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Mininter y exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la PNP, considera que la designación del actual comandante general debe ser anulada y procederse a la reincorporación de los oficiales pasados al retiro. “Lo siguiente es que se renueve el comando policial respetando el escalafón”, opinó.

Para Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía (2003), en este caso se debe aplicar el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N°27444) que dice que “cuando exista una disposición que vaya en contra de la Constitución, a las leyes o a los reglamentos tiene vicio de nulidad”.

Días atrás, en diálogo con El Comercio, el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, consideró que “no hay reforma si hay un manoseo político”.

“¿Qué reforma comienza bien dando de baja a las cabezas, provocando toda esta crisis institucional? Y ya no es un tema solo de legalidad, sino de institucionalidad”, agregó.

En su opinión, la única salida es que se deje sin efecto el relevo del comando policial. “Esto afecta muchísimo el trabajo operativo de la PNP en el día a día”, dijo.

José Manuel Antonio Elice Navarro es el tercer ministro del Interior de Sagasti en sus tres semanas de Gobierno. En sus manos queda la responsabilidad de recuperar la estabilidad en un sector que lleva semanas en crisis.