El exmagistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Baldomero Elías Ayvar Carrasco continuará siendo procesado por los presuntos delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico, por presuntamente haber restituido de manera irregular a Roberto Torres Gonzáles como alcalde de Chiclayo, en el año 2012.
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Así lo dispuso el juez supremo de investigación preparatoria del Poder Judicial (PJ), Hugo Núñez Julca, quien desestimó y declaró infundados sendos recursos de excepción de improcedencia de acción, interpuestos por Ayvar Carrasco y Marco Garabito Rentería, que tenían como finalidad archivar el proceso en su contra.
Garabito Rentería también ha sido acusado por la fiscalía por el presunto delito de cohecho activo específico.
Según el Ministerio Público, a través del fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, el exmagistrado habría emitido un voto a favor de Torres a cambio de la recepción una presunta coima.
El JNE había dejado sin efecto de manera provisional la credencial de Torres como burgomaestre de Chiclayo, debido a un proceso judicial; no obstante, con el voto del exmagistrado se habría restablecido la vigencia de la misma.
Entre los hechos descritos por la fiscalía, que habrían ocurrido cuando Ayvar Carrasco fue miembro del pleno y representante del Colegio de Abogado de Lima (CAL) ante el JNE, está que el magistrado habría recibido el dinero en un sobre manila, entregado por un intermediario de Torres Gonzáles.
La defensa de Ayvar Carrasco, el abogado Clodoaldo Rolando Bazan Gonzales, había sustentado su pedido argumentando que los hechos imputados por la fiscalía no se ajustaban a la tipificación de delito de cohecho pasivo específico.
Por ello, alegó, la tesis de la fiscalía carecía de sustento respecto a la comisión de un delito cuyos actos se vinculen al verbo “aceptar” o “recibir” un donativo como se alegaba. Explicó que en el proceso no se ha acreditado con un hecho específico que su patrocinado haya recibido alguna dádiva.
Mientras que el abogado Ander Galván Rivera, defensa de Garabito Rentería, sostuvo que la fiscalía, en su acusación, no describe cuál fue la aceptación específica o cual fue el donativo entregado al magistrado.
A consideración del juez supremo Núñez Julca, existen elementos que deben aclararse en un eventual juicio oral sobre la imputación contra Ayvar Carrasco, quien habría actuado en su condición de funcionario del JNE y violado su deber funcional para favorecer a Torres González a cambio de un presunto donativo. Por tanto, si no hubiera tenido dicha condición funcional, explicó el juez, recién se podría atender la excepción.
“Lo que sí es claro es que el Ministerio Público le imputa al acusado haber aceptado en un sobre manila cierta cantidad de dinero a cambio de favorecer a Torres Gonzáles en una causa que tenía bajo su conocimiento”, explicó el magistrado.
En su momento, el abogado Juan Carlos Velasquez Caro, defensa de Torres Gonzáles, cuestionó las imputaciones contra su patrocinado pues no se habría acreditado el delito e imprecisiones sobre la entrega del dinero, entre otros.
Tras la decisión judicial, los abogados de Aybar Carrasco y Garabito interpusieron un nuevo recurso de sobreseimiento para que se archive el proceso judicial.
El fiscal supremo Alcides Chinchay sostuvo que solicitó que se declaren infundados los pedidos de sobreseimiento. El mismo pedido -que quedó al voto- realizó el procurador anticorrupción, Raúl Steban.
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