La secretaría técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elaboró dos informes de calificación que proponen declarar procedentes las denuncias contra el congresista Edgar Alarcón (UPP). Estas fueron presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Este informe será sometido a votación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) –presidida por Luis Roel (Acción Popular)– en la sesión del lunes 28 de setiembre. Los delitos que la Fiscalía de la Nación le imputa son peculado doloso y enriquecimiento ilícito agravado.
El viernes, el congresista Alarcón señaló que aún no recibía ninguna comunicación de parte de la SCAC. “Espero que se respete el debido proceso”, añadió.
Una vez aprobado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Comisión Permanente, la cual establecerá un plazo para que se investigue el caso. Recién allí Alarcón tendrá derecho a defenderse ante este grupo antes de que se elabore un informe final que pase al pleno para ser aprobado.
En la primera denuncia, por enriquecimiento ilícito, la fiscalía le imputa a Alarcón un desbalance patrimonial de S/201.337, por tener mayores egresos que ingresos entre el 9 de junio de 2016 y el 4 de julio del 2017, mientras ejerció funciones como contralor general de la República. También se detectó ingresos bancarizados en su cuenta por S/275.664, “cuyos orígenes y depositarios se desconocen”.
En tanto, en la segunda denuncia –por peculado– se señala que Alarcón, en su condición de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría especializada, vicecontralor y contralor general de la República, “autorizó el pago de diversos servicios no prestados a la Contraloría General de la República, con cargo a los fondos de caja chica central de dicha institución, por el importe de S/32.417,39, así como a través de la emisión de comprobantes de pago por la suma de S/458.469,56”.
Alarcón integra la Subcomisión de Acusaciones y preside la Comisión de Fiscalización que tiene a su cargo la investigación sobre el Caso Richard Swing. Antes de presentar los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra, Alarcón buscó información sobre el avance de sus casos pese a que en esa etapa aún no debía tener acceso al expediente.
Además, la SCAC también analizará un informe que recomienda declarar procedente la denuncia constitucional contra el excongresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
El último informe que se verá propone archivar la denuncia constitucional contra Moisés Mamani (Fuerza Popular) por el presunto delito de falsedad genérica. Mamani falleció el 14 de agosto pasado.
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