El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se manifestó respecto al proyecto de ley que presentó el Gobierno, el cual propone que el 30 de agosto sea declarado “Día Nacional de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000”.
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El funcionario explicó que la propuesta firmada por el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, se plantea en el marco Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010.
“¿Por qué el 30 de agosto? Porque las decisiones que toma el Estado peruano deben ir en correspondencia con las opiniones, acuerdos y tratados internacionales, y el 30 de agosto se celebra el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, instituido por la Organización de la Naciones Unidas”, declaró durante la conferencia del Consejo de Ministros este miércoles.
“Lo que se pretende es justamente buscar una reconciliación del Estado peruano con las víctimas buscando un espacio de paz y de mensaje de reconciliación”, agregó.
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Previamente, durante un foro que se realizó la mañana de este miércoles, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas Jaramillo, también aclaró que la iniciativa legislativa no busca reemplazar la conmemoración por el día de Santa Rosa de Lima, que también se celebra el 30 de agosto.
En ese sentido, detalló que tiene como objetivo que sea una “efeméride adicional” que reconoce a las víctimas del periodo de violencia, en el que muchos agentes de la Policía perdieron la vida, y a sus familiares.
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En el proyecto de ley que se envió a la presidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), se explica que el planteamiento busca preservar la memoria, sensibilizar a la población general y a las autoridades sobre este hecho.
“La propuesta tiene la finalidad de preservar la memoria, sensibilizar a la población general, y a las autoridades y trabajadores públicos sobre la problemática de las personas desaparecidas durante el mencionado periodo de violencia; y contribuir a la prevención de desapariciones y al esclarecimiento de los hechos ocurridos para los familiares de las víctimas y la sociedad peruana”, se lee en la iniciativa del Gobierno.
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