Congreso: sigue paralizado pedido para inhabilitar a legislador Freddy Diaz, acusado por violación

Luego de más de un mes de que una trabajadora del Congreso denunciara al legislador Freddy Díaz por una presunta violación sexual, la Comisión de Ética Parlamentaria –que se abocó al tema desde el 2 de agosto pasado– aprobó por unanimidad el informe final que recomendó suspender al exintegrante de la bancada de APP por 120 días sin goce de haber.

El documento no se pronuncia sobre la denuncia de violación sexual supuestamente ocurrida en el despacho del legislador ubicado en el jirón Azángaro, alegando que los hechos están en investigación en la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal y en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Se centra en la “inconducta ética” del parlamentario debido a que ingirió alcohol y tuvo relaciones sexuales en las instalaciones del Congreso.

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De acuerdo al texto que pudo revisar El Comercio, Díaz Monago vulneró el Código de Ética Parlamentaria porque “ha atentado contra la buena imagen y reputación de la institución parlamentaria”, “no ha mantenido prácticas de decoro”, tuvo una “conducta atentatoria a las buenas costumbres”, “su actuar no ha sido probo”, tuvo una “conducta impropia” y “ha perjudicado al Congreso”.

Precisamente, durante el proceso, Freddy Díaz admitió ante la comisión solo haber ingerido bebidas alcohólicas “en el Palacio Legislativo, en un despacho del Edificio Azángaro y en su propio despacho congresal”, pero “no acepta que se le acuse de un delito que no ha cometido”.

Esos términos del informe fueron aprobados por 16 miembros de la comisión de forma unánime, de las bancadas Perú Libre, Fuerza Popular, Avanza País, Cambio Democrático, Renovación Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Bicentenario y Podemos Perú. Antes de ello, se leyó el documento y no hubo debate porque ningún miembro del grupo pidió la palabra.

El tema tendrá que ser debatido y votado ahora en el pleno del Congreso, que bajo el panorama citado apunta a suspender a Freddy Díaz. Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética y legisladora de Acción Popular, comentó a El Comercio que hasta este miércoles por la tarde aún se recogían las firmas de los miembros del grupo para emitir la resolución con la decisión tomada.

“Una vez que tengamos eso, inmediatamente mandamos un oficio a la Mesa Directiva para que esto sea pasado al pleno. Asumimos que debe entrar mañana o pasado […] Se tiene que notificar [a Díaz] para su derecho a la defensa, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que este tema se zanje”, comentó. Acotó que espera que el asunto se aborde “lo más pronto posible” en el Parlamento, incluso este jueves o viernes.

No obstante, el tema podría verse incluso la próxima semana. “Aún no se tiene el informe, apenas llegue por el debido proceso se tiene un plazo de tres días para convocar. No se puede mientras no llega el informe”, comentó a este Diario la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano.

En tanto, Llissett Garrido Ortiz, abogada de Fredy Díaz, apuntó que este se allanó a la decisión de la Comisión de Ética y aceptó solo haber ingerido alcohol. Sin embargo, la letrada aseguró que en un informe de descargos presentado ante la comisión cuenta se señaló que otros nueve parlamentarios también bebieron junto a su patrocinado en instalaciones del Parlamento.

“Mi patrocinado reconoció que ingirió bebidas alcohólicas junto a otros nueve parlamentarios en el mismo Palacio Legislativo, después se fueron a la oficina de ellos y tres congresistas continuaron tomando en el edificio del jirón Azángaro. Ni si quiera preguntaron los nombres en la Comisión de Ética. Conozco quiénes son esos congresistas e inclusive algunos son miembros de la Comisión de Ética, pero no puedo señalar quiénes son porque no tengo la autorización de mi patrocinado”, aseveró Garrido a El Comercio.

Caso en subcomisión está paralizado

Cabe recordar que, el 9 de agosto, congresistas de distintas bancadas presentaron una denuncia constitucional contra Freddy Díaz señalando que este ha contravenido cuatro artículos de la Constitución Política del Perú. Estos se refieren a que todos los funcionarios están al servicio de la nación; a la defensa de la persona y el respeto a su dignidad; al derecho de toda persona a su integridad moral, psíquica y física; y a que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física.

Por ello, se plantea que Díaz sea inhabilitado en la función pública por 10 años, sin perjuicio de sus demás responsabilidades penales y éticas.

Tres semanas después de presentada la denuncia, el caso se encuentra paralizado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo no ha podido abordar la denuncia contra Freddy Díaz por encontrarse en proceso de instalación para la nueva legislatura.

“Falta la sesión de la Comisión Permanente donde se designa a la mesa directiva de la subcomisión”, comentó Moyano a este Diario.

Otras fuentes legislativas indicaron a El Comercio que dicha reunión se prevé para la próxima semana y que mientras en APP hay intenciones de que Rosío Torres siga en la presidencia de la subcomisión, en Acción Popular también se evalúa tentar dicho cargo.

“Está bien que se haya aprobado en la Comisión de Ética, vamos a votar a favor, pero esto no nos deja tranquilos […] Esto termina siendo, dentro de la sanción lo mínimo para la gravedad del asunto. Lo que corresponde es la inhabilitación”, sentenció Flor Pablo, legisladora de Integridad y Desarrollo que suscribió la denuncia constitucional junto a colegas de su bancada, Avanza País y Cambio Democrático.

Mientras tanto, si bien tiene una orden judicial de impedimento de salida del país por 9 meses, Freddy Díaz Monago continúa ejerciendo sus funciones y mantiene los beneficios que ello implica. Por ejemplo, el último lunes votó a favor de las dos mociones de interpelación contra el ministro de Transportes Geiner Alvarado. Además, el último 22 de agosto recibió en su despacho a su abogada Llissett Garrido Ortiz y a Yassmin Garrido Ortiz por casi cincuenta minutos.

Además…

Paredes pide pleno ético

“Estamos solicitando se pueda llevar un pleno ético en el plazo más breve para que los procesos con propuestas de sanciones que ya han sido remitidos puedan ser agendados en el pleno del Congreso”, indicó Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, al final de la sesión. 

Otros informes finales ya aprobados en la Comisión de Ética son los referidos a los casos de Enrique Wong (Podemos Perú) y Luis Cordero (Fuerza Popular). 

Contra Wong se ha recomendado al pleno una suspensión por 120 días y elevar su caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la presunta intervención que habría tenido para la designación de su asesor Manuel Talavera Valdivia como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).

Para Cordero Jon Tay se plantea una suspensión de 60 días tras ser acusado de presionar a su expareja de inhibirse a comentar sobre presuntas agresiones físicas en su contra.