La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria y el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a quienes acusa de haber incurrido en el delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.
Según la denuncia, Checkley habría aceptado una promesa de ventaja ofrecida por la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, a cambio de archivar una investigación que se seguía en su contra.
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Esta diligencia estaba a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, entonces liderada por Terán.
Como parte del acuerdo, este último habría declarado fundado el sobreseimiento de las imputaciones contra Benavides y programado la audiencia en una fecha favorable para sus intereses.
Por su parte, Terán también habría recibido una promesa de ventaja de parte de Benavides, quien lo habría ratificado en el cargo a cambio de mantener activa una investigación contra Checkley, relacionada con hechos ocurridos durante su tiempo como juez superior en la Corte Superior de Justicia de Piura.
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Los hechos descritos en la denuncia fiscal se habrían desarrollado entre fines de agosto de 2022 y noviembre de 2023. De acuerdo con el Ministerio Público, Terán habría incluso ordenado ampliar el plazo de la investigación preliminar y las diligencias, pese a que el periodo legal ya había vencido.
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