Óscar Arriola, vocero de la PNP: “‘Cusi’ era la encargada de darle el tiro de gracia a las víctimas de Sendero Luminoso”

Unidad de Investigación

Desde su oficina en la Central Operativa de Investigación Policial (Dirincri), el general Óscar Arriola, vocero de la PNP, explica el operativo ejecutado el último jueves en Huamanga (Ayacucho), en el que se detuvo a siete personas, entre ellas a Rocío Leandro, ‘Cusi’, quien cumplió una sentencia por terrorismo. El oficial PNP explica la relación de Leandro con las protestas en Ayacucho. Además, da cuenta de las manifestaciones sociales de los últimos días en el país y del papel de la policía en estas.

—¿Cuál es la importancia de la detención de Rocío Leandro, ‘Cusi’, así como de las otras seis personas?

Es de una importancia gravitante desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo, porque nos ha permitido desarticular un aparato bien armado de la organización terrorista Sendero Luminoso. Me refiero al comité regional principal de Ayacucho, cuyo mando político es Álex Gómez Falcón, que también ha sido capturado, y el mando militar, que es Estefany Alanya Chumbe, también capturada. Rocío Leandro es la tercera integrante o primer combatiente de esta célula terrorista. Al mismo tiempo, ella es la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, fundado en los años 70.

—¿Quién es Rocío Leandro?

Es una persona excarcelada por terrorismo. Era una terrorista de Sendero Luminoso que conformó un destacamento especial: era la encargada de dar el tiro de gracia a las víctimas del terrorismo que fueron seleccionados como blanco objetivo, que podían ser autoridades o personas que se contraponían a sus objetivos. Hay que recordar que SL polarizó a la población. Tuvo un discurso de odio en la clandestinidad: estabas con Sendero o en contra. En los atentados, cuando se trataba de un aniquilamiento selectivo, ella [’Cusi’] ha narrado con detalles que, una vez disparada la víctima, se acercaba a la víctima y le disparaba en la cabeza.

—¿Ella lo ha admitido?

Lo ha admitido en una declaración con todas las garantías constitucionales ante la Dirección contra el Terrorismo [Dircote].

—¿Por eso fue sentenciada?

Estuvo 11 años en la cárcel por senderista. Ella es la persona que ha azuzado, de manera evidente, porque así está en todas las informaciones; ha instigado y ha conducido las protestas de Ayacucho. Estuvo antes, durante y después de la toma fallida del aeropuerto de Ayacucho el día tan fatal para la historia del país.

—¿Lo que pasó en diciembre?

Así es. Pero debo aclarar de que la investigación a Rocío Leandro Melgar, ‘Cusi’, no es de ahora: comienza en julio del año pasado. La fiscalía y la Dircote empiezan las investigaciones, y echan mano de los procedimientos especiales de investigación, como el seguimiento, la observación y la videovigilancia, así como las escuchas legales. También [hubo] infiltrados dentro de la organización. Lo que nos ha permitido conocer en este trabajo de inteligencia operativa es que, llegada la fecha de las convocatorias, incluidos los desmanes de Ayacucho, en los que se quemó una sede de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, y comunicaciones con gente del Vraem [Valle de los Ríos Apurímac y Ene].

—En Ayacucho hubo una actuación previa a cualquier situación que podía producirse en los últimos días. ¿Qué pasó en Puno? El Comercio accedió a informes del Ejecutivo que advertían que se iban a atacar instalaciones como el aeropuerto, el corredor minero, puntos que ya se sabía que eran vulnerables.

Se han agotado las medidas, como dictar un estado de emergencia, difundir a la opinión pública de la amenaza, el riesgo en el que nos encontrábamos; se ha colocado la suficiente cantidad de policías que, justamente, ha impedido que se tomen los aeropuertos de Andahuaylas, de Ayacucho, de Cusco y de Juliaca. La policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han respondido. Además, en uso gradual de la fuerza y dentro del marco constitucional. Aprovecho para dar las condolencias, de corazón, porque lo siento como peruano, de todos los peruanos que han perdido la vida. Además, demostrar un respeto por los derechos humanos, aunque puede resultar paradójico, pero es lo correcto. La colocación de los efectivos de la policía y de las FF.AA., con la logística suficiente y necesaria, ha impedido que entren a los aeropuertos, y que se dosifique en lugares que son cruciales para la vida del personal que estaba interviniendo.

—Han muerto más de 40 peruanos, muchos de ellos por impacto de bala.

Actuamos de acuerdo a la Constitución y a las leyes y al uso gradual de la fuerza; sin embargo, todos los eventos tienen que investigarse de manera prolija. Ya comenzó la fiscal de la Nación anunciado la investigación contra los que resulten responsables de cada uno de los fallecidos de manera individual. Entonces esa investigación, que viene acompañada de imágenes de estudio y evaluación de testimonios, de peritajes balísticos, [...] de todo lo encontrado en las escenas, que se convierten del delito para tener una mirada clara y determinante de lo que ha sucedido. [...] Pero también estamos facultados a utilizar armas de fuego cuando se produce una agresión letal, entonces, nosotros podemos utilizar armas de fuego cuando se encuentra en peligro la vida de uno mismo y de terceros o el peligro grave inminente de que se produzca ese daño.

—¿Cuándo están facultados para usar armas de fuego en protestas?

Por ejemplo, cuando una comisaría, que tiene 12 policías, tiene 15 fusiles, municiones y viene la turba y sabemos que esta va a asesinar a los policías, va a llevarse las armas de fuego y va a humillar y torturar a los policías, y los va a terminar quemando. Entonces, el análisis es bien complejo, y nuevamente la reflexión: qué necesidad de estar enfrentados así, qué necesidad de estar validando en juicios posteriores a personas que digan cómo los policías; [por otro lado] si no utilizamos las armas de fuego, se van a meter a la comisaría, nos van a quemar a nosotros, se van a llevar los fusiles para matar a otras personas, a otros policías, a otros militares, a otros fiscales, a otros jueces, a otras autoridades que no estén de acuerdo con ellos.

—¿Quiénes están detrás de estas protestas violentas? ¿Quiénes las encabezan?

La [pregunta] es cómo hemos llegado a esto, de matarnos entre peruanos. Es una sonada orquestada que pasa por patrones uniformes de conducta para crear el caos en el Perú y que no tiene rostro visibles y dirigentes con los cuales se pueda conversar.

—¿Sienten que el trabajo de la policía es incomprendido?

Estamos dispuestos a dar nuestra vida para que nadie cause un daño mayor a la ciudadanía, a la democracia, a la paz del Perú que tanto nos ha costado recuperar porque le ganamos al terrorismo. Al terrorismo que quiso capturar el poder a punta de coches-bomba y de asesinatos. Ahora buscan recapturar el poder. Además, hacemos uso gradual de la fuerza y dentro del marco constitucional.

—¿Qué buscaban los manifestantes violentos con tomas de instalaciones?

Causar un impacto internacional, porque tomar un aeropuerto es una noticia que da la vuelta al mundo, es como avisar de que estamos en la tierra de nadie y que un grupo de vándalos han tomado un espacio que es considerado un activo crítico nacional. [...] Se ha hecho el trabajo para restablecer el orden, que es complejo. Una de las muestras de esta complejidad es Jorge Soncco Quispe, el suboficial que es un verdadero héroe de la democracia porque no utilizó su fusil ni su pistola de mano, que la Constitución y las leyes facultan, en uso gradual de la fuerza. A pesar de que venían 350 en una superioridad numérica, como lo ha sido en el aeropuerto [de Juliaca], donde llegaron 8.000 manifestantes para tomar el aeropuerto para que no lleguen las medicinas, para que no lleguen los refuerzos, los alimentos y no salgan los heridos. Además, para causar un impacto mediático, porque tomar un aeropuerto es una noticia.

—¿Cree que hubo excesos por parte de la policía?

Considero que hemos atravesado una profunda crisis, que no ha terminado, y considero que la policía está a la altura del requerimiento de los 33 millones de peruanos para restablecer el orden interno. Estamos dispuestos a dar nuestra vida porque nadie cause un daño mayor a la ciudadanía, a la democracia, a la paz del Perú, porque además le ganamos al terrorismo, y ganándole al terrorismo que quiso capturar el poder, a punta de coches bomba y asesinatos, los peruanos no podemos olvidar eso. Hay nuevas fuerzas de recapturar el poder, y la policía estará para prestar sus servicios”.

—¿...Hubo excesos policiales?

Tiene que haber una investigación para poder determinarlo.

—¿Qué información se tiene sobre la presencia de Evo Morales y algunos bolivianos que ingresaron al país?

No puedo revelar esos datos porque forman parte de una investigación.

—Pero ya se abrió una investigación contra el expresidente boliviano.

Se ha abierto una investigación contra Evo Morales y otros personajes por parte del Ministerio Público. [...] Es lo que ya se conoce, pero nosotros estamos realizando una investigación que es reservada.

—Existe la probabilidad de que haya financiamiento. El desplazamiento de personas es muy grande. ¿De dónde salen esos recursos y financiamiento?

Es parte de la investigación.

—¿Aún no se puede determinar de dónde vienen estos recursos? ¿De la minería ilegal, del narcotráfico, de Bolivia, de la Coordinadora Bolivariana?

Estamos realizando una investigación y oportunamente habrá un pronunciamiento, así como se informó sobre la detención de Roció Leandro y otras seis personas.

—¿Cuál es la hipótesis que tienen sobre el financiamiento de las protestas?

Las hipótesis, que son unas tres, son reservadas.

—Sobre el congresista Guillermo Bermejo, sabemos que está siendo investigado. El primer ministro Alberto Otárola sostuvo que el parlamentario estuvo en Ica cuando se iniciaron las protestas, el año pasado estuvo en México, según la fiscalía visitaba el campamento de los Quispe Palomino. ¿Cuál es la actuación del congresista en estas marchas?

Sobre los hechos que me dice, no puedo dar detalles porque también hay una investigación que es reservada. Respecto a los Quispe Palomino, hay un recurso de nulidad que se ha decidido que esa sentencia absolutoria vuelva a realizarse un nuevo juicio por un colegiado de terrorismo, aunque esto ya es de público conocimiento.