Incluso desde antes que Dina Boluarte asuma la Presidencia, a fines de 2022, Alberto Otárola ya gozaba de su confianza y la acompañaba. Primero fue su abogado, luego su ministro de Defensa y, posteriormente y con mayor énfasis, su jefe de Gabinete. Un audio con una joven —contratada por el Estado y cuya relación negó— gatilló su salida, durando en el cargo poco más de un año y dos meses.
La relación entre Otárola y Boluarte se habría forjado con las denuncias constitucionales que se presentaron en el Congreso en 2022, cuando era vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El caso tenía que ver con su rol en el Club Departamental de Apurímac y Otárola, abogado constitucionalista y exministro en el gobierno de Ollanta Humala, asumió su defensa.
Cuando el exmandatario Pedro Castillo dio el golpe de Estado y salió del poder, Otárola no solo se mantuvo cercano a Boluarte, sino que fue nombrado ministro de Estado en el primer Gabinete de la era Boluarte. Asumió la cartera de Defensa, la cual ya había encabezado años atrás. Sin embargo, duró pocos días. El cargo de titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lo aguardaba.
Asumió dicho encargo el miércoles 21 de diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Angulo. Horas después de ponerse el fajín, Otárola dijo ese mismo día que se ponía “a disposición de las fuerzas políticas” del Congreso, incluso aquellas que anunciaron que no le darían la confianza, “para trazar una base de diálogo”. Su papel a lo largo de estos meses fue clave para el gobierno de Dina Boluarte, sorteando crisis pero también sumando cuestionamientos e investigaciones.
Las investigaciones y denuncias que persiguen al renunciante primer ministro
Horas antes de que renuncie a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tres denuncias constitucionales se sumaron a la lista de acusaciones e investigaciones que pesan contra Alberto Otárola. Este miércoles se conoció una cuarta, presentada por el legislador Jaime Quito (no agrupado).
Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Elías Varas (Perú Bicentenario), Margot Palacios (Perú Libre) y Juan Burgos (no grupado), por presunto tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo y otros supuestos delitos, tras la difusión de un audio que lo compromete con Yaziré Pinedo, una joven contratada por el Ministerio de Defensa en el 2023 de manera irregular, como señala un informe de la contraloría.
En tanto, el lunes pasado, la fiscalía de la Nación informó que realizará diligencias preliminares contra Otárola por el mismo caso, como presunto instigador del delito de negociación incompatible y supuesto autor de patrocinio ilegal.
El caso de Pinedo remeció Palacio de Gobierno el último domingo, cuando “Panorama” difundió un audio en el que se escucha a Otárola dirigirse a la joven con expresiones de afecto y pedirle que le envíe su currículum vitae.
Pinedo obtuvo contratos por S/ 53 mil en el Mindef en el presente gobierno.
Pero ese caso no es el primero que provoca la intervención de la fiscalía de la Nación por actuaciones del ahora ex primer ministro. Ya desde enero del 2023, tan solo tres semanas después de asumir el mando de la PCM, se le abrió una investigación preliminar por los fallecidos durante las protestas antigubernamentales que se iniciaron en diciembre del 2022.
Y luego de nueves meses, en octubre pasado, nuevamente la fiscalía de la Nación le abrió investigación preliminar, esta vez por presuntas irregularidades en la contratación de otra allegada, Rosa Rivero, en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Irregularidades detectadas por la contraloría
La contraloría detectó el año pasado que el Mindef dio empleo a Yaziré Pinedo mediante “dos adjudicaciones sin procedimiento”, para realizar “actividades que no corresponden o son incompatibles” a la modalidad de contratación de locación por servicios.
El informe precisó que en febrero del 2023, la dirección de abastecimiento del Mindef le solicitó a Pinedo cotizar para el servicio de emisión, elaboración y archivos de documentos. El monto que destinó el ministerio fue de S/ 18 mil por 90 días de trabajo, que finalmente se concretó.
Luego se le volvió a contratar por 150 días, por S/ 35 mil, con los mismos términos.
En tanto, la contraloría determinó que Devida contrató a Rosa Rivera para que realice labores que no corresponden a la modalidad por la que accedió, denominada locación de servicios. Además, en el proceso de contratación “no se efectuaron el mínimo de cotizaciones válidas”.
Incluso, luego de ser contratada, Rivero desistió de la orden de servicio argumentando motivos personales. No obstante, el mismo día volvió a participar de otro proceso similar de Devida, esta vez convocado a solicitud de la gerencia general de esa institución. Y también ganó el proceso.
Diligencias fiscales
En septiembre pasado, un equipo de la fiscalía de la Nación, encabezado por el fiscal Orlando Lara Vásquez, realizó una diligencia en la sede de la PCM por los contratos que obtuvieron Yaziré Pinedo y Rosa Rivera en el Estado.
La diligencia se realizó simultáneamente en las sedes del Mindef y Devida.
Y al mes siguiente, la fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar contra Otárola como presunto instigador del delito de colusión, en sus modalidades simple y agravada, en agravio del Estado.
Luego, en noviembre último, representantes del Ministerio Público acudieron a un estacionamiento del Estado donde permanecía guardado un vehículo oficial que, según un reportaje de “Panorama”, fue usado por Otárola para acudir a la casa de Yaziré Pinedo.
De acuerdo con “Panorama”, desde el 16 de octubre se ordenó el internamiento del vehículo oficial de placa EGS-106. La PCM respondió aquella vez que el auto permanecía guardado porque requería de una pieza mecánica.
Nuevo momento político
Para Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP, con la renuncia de Otárola “se abre un nuevo momento político para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte”.
“Alberto Otárola ha sido clave para este gobierno. No solo fue el operador político, sino también el hombre experimentado. Quien parecía que gobernaba era él. Ocultó las serias deficiencias de la presidenta y su salida del Gabinete abre una crisis”, añadió en diálogo con El Comercio.
En tanto, el analista político José Carlos Requena, socio de la consultora Público, apuntó que la salida de Otárola genera “un espacio de bastante incertidumbre” en el gobierno.
“Boluarte tenía en Otárola a un vocero político que le permite pasar desapercibida. Es una presidenta muy impopular”, señaló.
En opinión de Requena, la mandataria Boluarte difícilmente nombrará a un sucesor que actualmente esté fuera de su círculo de confianza. “Para tener un relanzamiento con cualquier otro primer ministro, tendría que cambiar mucho el perfil de Otárola. Y dudo que extienda mucho el círculo. Seguramente su opción estará entre gente que ya conoce”, estimó el analista.
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