El miércoles 18 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) tiene programado analizar la demanda competencial que el Ejecutivo, en setiembre pasado, interpuso contra el Congreso de la República por la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Sin embargo, la presencia del procurador Luis Huerta Guerrero, quien planteó la medida, ha sido puesta en duda por la ministra de Justicia, Delia Muñoz.
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En diálogo con El Comercio, la funcionaria sostuvo que se busca “la mejor defensa” en la causa. Ello, agregó, pasaría por buscar abogados “con expertise y experiencia”. Sobre el procurador Huerta, refirió que “el Estado Peruano puede ratificarlo o puede tener otra persona más”.
“Yo espero que tengamos la mejor defensa, la haga Luis Huerta, a quien conozco hace muchísimos años, o la haga otra persona que se designe de manera ad hoc. Eso tengo que decidirlo conversando con él”, dijo.
En otro momento, sostuvo que “ya hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la incapacidad moral en el año 2004”. En todo caso, agregó, el tribunal será libre de decidir su pronunciamiento.
Respecto a la permanencia del procurador general Daniel Soria, Muñoz anunció que ha pedido un informe legal sobre su situación. Esto, luego de que Soria informó en RPP que la ministra le pidió la renuncia para designar en el cargo a la exprocuradora Katherine Ampuero. Sin embargo, él se negó a dimitir por tener independencia de función y haber sido nombrado por cinco años.
Finalmente, Muñoz remarcó que no le pidió a Soria el desistimiento de la demanda competencial ante el TC.
Desistimiento no procedería
Este Diario consultó con fuentes del TC sobre el amparo o no de un posible desistimiento de la demanda competencial por parte del Ejecutivo. Una de ellas explicó que el Código Procesal Constitucional indica que el TC puede “impulsar de oficio” una causa, así las partes no muestren interés en el proceso.
Otra fuente recordó que el desistimiento es un recurso procesal que existe en el Código de Procedimientos Civiles y que en el ámbito del Poder Judicial es viable, pero no en el TC.
“En la acción de inconstitucionalidad no cabe desistimiento. La acción que se ha interpuesto [demanda competencial] se rige exactamente por los mismos términos que la inconstitucionalidad, entonces tampoco cabría el desistimiento”, puntualizó.
Aníbal Quiroga, quien es abogado del Congreso en la demanda competencial, sostuvo que no está de acuerdo con un posible desistimiento. Agregó que si bien el Ejecutivo presentó la demanda, la legitimación de la causa recae en el TC. “Incluso, hace poco, en una acción de inconstitucionalidad, el Colegio de Abogados de La Libertad se desistió de la demanda y el Tribunal Constitucional no se lo aceptó”, remarcó.
Quiroga precisó que un desistimiento debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y no solo por el procurador.
Tiene independencia
En declaraciones a Latina, el primer ministro Ántero Flores-Aráoz dijo que el procurador “era un funcionario público que está adscrito al sector Justicia”, por lo que no veía malo que se le pidiera su renuncia.
“Cualquiera puede cambiar al abogado porque no es de su confianza, cualquiera le puede pedir que rinda cuentas”, indicó.
Ántero Flores-Aráoz sobre procurador Soria
Este Diario buscó la versión del procurador general Daniel Soria respecto a su situación; sin embargo, no atendió nuestra petición.
Sobre el asunto, el abogado constitucionalista Rafael Sánchez Ríos sostuvo que, tras la reforma del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, este tiene autonomía funcional, económica y administrativa para el nombramiento de procuradores. Por tanto, la permanencia de Soria se rige de acuerdo con el reglamento; es decir, solo puede ser removido por causales previstas en el mismo.
“Aquí no aplica la lógica que tiene un ministro hacia su viceministro o con asesores que responden para él. El procurador tiene autonomía para defender los intereses del Estado, porque lo que hace es coordinar la defensa del Estado, no del gobierno de turno”, explicó Sánchez Ríos.
“Una conversación”
La exprocuradora ad hoc del Caso Odebrecht Katherine Ampuero confirmó a El Comercio que hubo “una conversación” con la ministra de Justicia, Delia Muñóz, para que asumiera la Procuraduría General en reemplazo de Daniel Soria.
“[Fue] como una conversación, nunca se me propuso de manera concreta para asumir el cargo, mucho menos bajo un tipo de condicionamiento como lo ha señalado el procurador general [Daniel] Soria, lo que él ha señalado es absolutamente falso”, comentó consultada por las expresiones de Soria y Muñoz.
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