El 70% de comisarías en el país funciona con infraestructura precaria

En el Perú, la mayoría de comisarías funciona bajo serias carencias y limitaciones. En primer lugar, está la brecha de infraestructura, que se extiende al 69,9% de establecimientos policiales. En segundo lugar, está el déficit en servicios básicos como agua, desagüe y electricidad, que afecta al 44,5% de locales.

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De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior al cierre del 2022, de las 1.323 comisarías básicas que operan a nivel nacional, 926 tiene edificaciones defectuosas o en riesgo. La región en estado más crítico es Madre de Dios, con once de sus doce comisarías en malas condiciones. Le sigue Ucayali, con 13 de sus 15 locales, y Ayacucho, con 42 de sus 48 dependencias en decadencia.

En la información analizada por ECData, también se identifica que 489 inmuebles donde funcionan las comisarías tienen una antigüedad mayor a los 40 años y que 371 son nuevos o tienen menos de dos décadas. En cuanto a los servicios, del total de las sedes policiales, existen 589 sin instalaciones adecuadas. La mayor carencia es de agua potable permanente, que se repite en el 41,5% de los 1.323 locales. Adicionalmente, el 7,3% no tienen alcantarillado conectado a red pública, y al 8,3% les falta acceso a electricidad.

En el 2021, la comandancia general de la Policía Nacional aprobó, mediante la Resolución Nº 280-2021, el “Plan Estratégico de Capacidades de la Policía al 2030 Mariano Santos Mateos”, un documento que reconoce la precariedad actual de las comisarías y otros establecimientos de uso institucional. El plan concluye que se requeriría un presupuesto ascendente a los S/ 18 mil millones para implementarse.

En diálogo con El Comercio, el exministro del Interior, Carlos Morán, refirió que la modernización de la Policía tiene trabas históricas y que un gran obstáculo es la informalidad de sus predios. El exfuncionario explicó que una gran parte del número de comisarías y otras edificaciones de uso institucional no tiene la titularidad en regla.

“Hay miles de inmuebles que han sido adquiridos vía donación, incautación o cesión de uso y hasta ahora no se puede regularizar la propiedad de estos bienes. Por lo tanto, ni la PNP ni el Ministerio del Interior los pueden administrar plenamente, lo que incluye aplicar inversión pública para sus mejoras. Es una divergencia que tiene que solucionarse”, expresó. Morán subrayó que más del 95% del presupuesto anual alcanza para el pago del personal, por lo que el margen de inversión es mínimo.

Frank Casas, ex director de Gestión del Conocimiento para la Seguridad del Mininter, añadió que la insuficiencia en el presupuesto total que recibe cada año el sector y la poca voluntad política para la reducción de brechas es también lo que mantiene “en rojo” la calidad de los centros de atención policial.

“Hablamos de elementos básicos: infraestructura decente, saneamiento y otros servicios, titularidad. Muchas veces, las comisarías funcionan en locales inclusive prestados o el mismo personal se las tiene que arreglar para el acceso a internet. Toda esta precariedad no la ve necesariamente el ciudadano, pero afecta el servicio que termina recibiendo”, comentó.

Los expertos advirtieron que la flota vehicular, clave para el patrullaje, debe reforzarse. Hasta 2022, solo había 4.002 vehículos policiales operativos.

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