La Contraloría General de la República (CGR) realizó una intervención este lunes en el Ministerio del Ambiente (Minam) por las indagaciones sobre presuntas contrataciones irregulares en el sector liderado por Rubén Ramírez.
De acuerdo con el órgano de control, en la intervención se acreditó a una comisión de auditores “para recopilar información por presuntas irregularidades en designación de funcionarios y verificar el correcto uso de los bienes y recursos públicos”.
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El operativo fue al día siguiente de la difusión de un reportaje de “Punto Final”, según el cual al menos tres personas vinculadas al partido Perú Libre fueron contradas en el Minam por supuestas presiones que involucrarían al ministro y pese a que no cumplían el perfil requerido.
Juan Haro, de la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos de la CGR, explicó que fueron recibidos por el secretario general del ministerio, Jaime Quispialaya, uno de los involucrados en la denuncia.
“Comentó que tiene pocos días en esa posición y que el hecho motivo de la denuncia está referido a una posición anterior”, declaró Haro a su salida del ministerio.
Punto Final: Informe agencia de empleos en el Minan
Agregó que recopilaron información sobre cinco funcionarios designados y que les indicaron que a otra involucrada, Sherly Rojas, la estaban “cesando en el cargo”.
A pesar de la polémica, el presidente Pedro Castillo se mostró acompañado por Ramírez durante la inauguración de una estación de carga rápida para vehículos eléctricos en Lurín.
Por su parte, el Minam emitió un comunicado donde aseguró que respeta las normas para las designaciones y negó haberse convertido en una “agencia de empleos”.
“[El ministro] no ha ejercido presión alguna (...) Se han adoptado las medidas correctivas pertinentes para aquellas personas que hayan tomado el nombre del ministro del Ambiente con la intención de influenciar en la evaluación”, consignó un pronunciamiento de la cartera.
Desde el Congreso, representantes de distintas bancadas consultados por El Comercio se manifestaron a favor de que se investiguen los hechos y consideraron que el ministro debería dar explicaciones por el tema. Adriana Tudela (Avanza País) opinó que Ramírez debería renunciar al cargo.
Fuentes de El Comercio señalaron que la noticia fue derivada a una fiscalía anticorrupción para que evalúe abrir una investigación penal. Precisaron que se analiza la posible implicación del ministro para determinar si el caso compete a la Fiscalía de la Nación.
Piden rectificar nombramiento de Salaverry
Otro punto de crítica al Ejecutivo fue la designación del excongresista Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro. Legisladores consideraron que el Ejecutivo debería retroceder en su nombramiento y exigieron respuestas al ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales Toro.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo esperar que el presidente Pedro Castillo “sea consciente del error que ha cometido y retroceda en este caso”.
La verdad es que ya estamos cansados de que estén nombrando funcionarios sin el perfil debido y sin la experiencia que se requiera para ese cargo”, dijo a “Sol TV” la titular del Poder Legislativo.
Adriana Tudela y Jorge Montoya (Renovación Popular) dijeron que apoyarán una interpelación a Gonzales Toro, como ha propuesto el legislador Diego Bazán (Avanza País), y pidieron su dimisión del cargo.
Silvana Robles (Perú Libre), Elvis Vergara (Acción Popular) y Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso) se manifestaron a favor de que se rectifique este nombramiento y que el ministro responda en una comisión.
Carlos Alva, titular de la Comisión de Energía y Minas, informó que citó a Gonzales Toro a la sesión de su grupo de este miércoles.
Exitosa-alva Rojas
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