El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, fue acusado en el 2016 de violencia familiar por su esposa, Ana Montoya Leo, y su hija, Catherine Valer Montoya.
De acuerdo con una resolución judicial de febrero del 2017 a la que tuvo acceso El Comercio, ambas denunciantes manifestaron, en una denuncia por violencia familiar en la modalidad de violencia física, que el 21 de octubre del 2016 fueron agredidas por Valer en el interior de su domicilio.
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La jueza Roxana Palacios indicó en su resolución que existe un certificado médico legal practicado a Montoya al día siguiente de la denuncia, del cual “fluye que existen indicadores de maltrato corporal en la citada persona, presuntamente proveniente del denunciado Héctor Valer Pinto”.
Para la magistrada, esto determinó la existencia de “indicios suficientes” para dictar medidas de protección a Montoya. Sin embargo, consideró que no podía hacer lo mismo con su hija debido a que “no obra instrumental alguna que nos permitan determinar si efectivamente la citada persona se encuentra afectada físicamente con los hechos de violencia que se denuncian”.
Por estos motivos, la jueza dictó medidas de protección a favor de Montoya, entre las que estuvieron la prohibición a Valer de “cualquier conducta que constituya violencia o acoso en agravio” de ella, bajo la advertencia de ser denunciado por desobediencia o resistencia a la autoridad en caso de que incumpliera.
También se dispuso oficiar a la policía para que disponga personal que brinde “protección oportuna y eficaz” a la denunciante.
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Además, un parte policial da cuenta de una denuncia presentada por la hija de Valer en la comisaría de San Borja el 21 de octubre del 2016. Esta declaró que su padre “le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones de los cabellos”.
En la sesión del pleno del Congreso del 6 de octubre del año pasado, la Mesa Directiva informó sobre el fallecimiento el día anterior de Montoya.
Este Diario contactó a los encargados de prensa de Valer para recoger su versión. La respuesta fue que estaba por entrar a sesión del Consejo de Ministros y que luego de esta habría una conferencia de prensa.
Sin embargo, Valer no estuvo en dicha conferencia pese a que se había anunciado su presencia. Consultado sobre estas denuncias, el ministro de Defensa, José Gavidia, dijo que en la sesión de ayer no se tocó “ningún tema personal”.
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Una vecina de la anterior residencia de Valer en San Borja dijo que fue testigo de maltratos de su parte. La mujer –quien prefirió no revelar su identidad– declaró ayer a RPP que el primer ministro era “un tipo totalmente conflictivo”.
“Le pegó al de la cochera, hizo pasar a su domicilio a un serenazgo y dentro le pegó”, relató la mujer. Agregó: “[La violencia] se suscitaba constantemente con la hija, con la esposa, se rompían cosas. Yo llamaba a serenazgo, no abrían la puerta, […] los pleitos eran continuos”.
Cuestionamientos
De acuerdo con el Centro Liber, Valer tiene una investigación de la fiscalía de Ucayali por presuntamente haberse beneficiado de forma irregular de un contrato con la Municipalidad de Coronel Portillo.
Un informe de El Comercio de setiembre del año pasado reveló que empresas suyas tenían deudas con la Sunat. Sobre esto, Valer refirió en el programa “Nada está dicho” que iba a averiguar y que “si realmente se debe, hay que cumplir”.
Valer también fue cuestionado por decirle a su colega José Ventura que se “ponga falda” después de que este le pidió respeto para la parlamentaria Vivian Olivos durante una sesión de la Comisión Agraria.
Frases polémicas
— “No sirve para nada. [...] Hay que desaparecer la Defensoría del Pueblo”.
— “Todos merecemos respeto. El caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda”.
— “Hemos decidido no votar por Castillo. El comunismo trae miseria”.
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