El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó un informe que envió al Congreso y que advierte riesgos ante las modificaciones que aprobó el Congreso de la República en las leyes que estarán vigentes durante las elecciones municipales y regionales del 2022.
Los magistrados Jorge Luis Salas Arenas y Jovián Sanjinez suscribieron el acuerdo por mayoría en el que se aprueba el informe de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (ROP), que señala que la modificación de las leyes electorales generarán consecuencias directas que se reflejarán en un “desborde” y una “sobrecarga de expedientes”.
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Esta semana, el pleno del Congreso aprobó el Texto Sustitutorio del Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, que amplía el plazo de afiliación y renuncia de las organizaciones políticas desde el 3 de octubre de este año hasta el 5 de enero del 2022.
El JNE considera que esta medida no hace más que notar la ausencia de seriedad y compromiso que deberían tener los partidos políticos frente a un proceso electoral como el que se llevará a cabo el próximo año, lo que no contribuye al fortalecimiento de la democracia.
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También advierte que las agrupaciones políticas podrán ignorar los plazos establecidos, lo que debilita el respeto a la institucionalidad del proceso electoral.
Asimismo, destaca que no se aplicarán las causas de suspensión y cancelación de un partido político, para que estos puedan mantener su inscripción vigente a pesar de no tener el mínimo de comités partidarios o no contar con un número de afiliados suficiente.
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“(Este texto) permitirá mantener la inscripción vigente de aquellas que no cuenten con el mínimo de comités partidarios o de contar con una cantidad menor de afiliados, incluso contar con un (1) afiliado. Esto, además de vulnerar la exigibilidad de la normativa sobre la materia, traerá como consecuencia el debilitamiento de la democracia”, indica la resolución del JNE.
Debido a esto, el JNE acordó aprobar este informe y remitirlo a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para su evaluación.
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