La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, presidida por el parlamentario José Luna Morales (Podemos Perú) ha citado a la Jefa de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Socorro Heysen, para una sesión reservada este lunes 7 de diciembre del 2020 a las 5:00 p.m. Esto luego de que la funcionaria advirtiera los riesgos en la solicitud de información del sistema financiero, de deudores y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por parte de dicha comisión
En la agenda del referido grupo de trabajo parlamentario se indica que uno de los temas que se abordarán con Heysen son “los alcances de las declaraciones emitidas en la página 10 del diario El Comercio en su edición del día domingo 6.12.2020″. En una entrevista con este medio Heysen indicó lo siguiente:
“Si [el pedido de información] no está bien definido, esto puede llevar al acceso indiscriminado e ilimitado de información que podría poner en riesgo la reputación, la seguridad y hasta la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el registro de deudores y la clasificación de riesgos que estos tienen y sus garantías es también información sensible. No está protegida como el secreto bancario, pero aun así, como se trata de millones de peruanos, tienen que pensar cuál es el objetivo”.
La comisión a cargo de Luna Morales ha solicitado la copia de los informes de supervisión, de los informes legales y resoluciones que establezcan los lineamientos, políticas y procedimientos de supervisión legal de las empresas que hace la SBS, que contienen los procesos de intervención y régimen de vigilancia, así como informes técnicos. Esta información es confidencial y está protegida por la ley.
Asimismo, ha pedido la copia del archivo digital del flujo de las comunicaciones del Área Legal de la SBS y de la UIF. Además, ha requerido el archivo de las solicitudes de levantamiento de secreto bancario y de la información referida a contratos en el sistema bancario y de seguros.
“No está dentro de su competencia”
El ex oficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes remarcó que todos los requerimientos de las comisiones investigadoras deben estar debidamente motivados y que existen límites constitucionales que protegen cierta información, como la financiera o tributaria.
“Si estás investigando sobre una materia ambigua, no te faculta a que pidas información de materias constitucionalmente protegidas de manera abierta. Eso no está dentro del marco de su competencia”, manifestó.
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