La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundada la demanda de hábeas corpus para restituir el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori en el 2017. Así, se anuló el fallo judicial que revocó la gracia que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Alberto Fujimori está recluido en la cárcel con una pena de 25 años por homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
La liberación del exmandatario, alertó la CIDH, afectará los derechos de las víctimas de aquellos delitos, “su acceso a la justicia y lesiona su dignidad”. Asimismo, la comisión indicó que la restitución del indulto “sería una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú”, que “debe adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas y sus familiares afectados por la decisión”.
En el 2017, la CIDH expresó su preocupación y rechazo al indulto a Fujimori. El 28 de diciembre de ese año, el organismo aseveró que la resolución del Gobierno Peruano no cumplía “con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica” .
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se pronunció sobre el fallo. “Frente a la decisión del TC, [...] subrayamos que el derecho internacional de derechos humanos restringe indultos en casos de graves violaciones de derechos humanos se debe respetar los derechos de las víctimas a la justicia y el Estado de derecho”, señalaron en Twitter.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), también expresaron su preocupación.
“Nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares, y demandamos a las autoridades que prevalezca su derecho a la justicia y reparación”, indicó Amnistía Internacional Perú en su cuenta de Twitter. En tanto, Tamara Taraciuk, directora para las Américas de HRW, comentó que el indulto concedido “fue una farsa sin justificación alguna. Revivirlo es una burla para las víctimas”.
En la Corte IDH
Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), confirmó a El Comercio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dado al Gobierno Peruano plazo hasta el 25 marzo para que informe sobre el fallo.
“El Perú tiene que informar a la Corte IDH qué ha ocurrido. Y que informe también al TC que la Corte IDH ha tomado conocimiento, pues hay un pedido de medidas provisionales sobre el tema”, expresó Dador. Agregó que esperan que la primera semana de abril, en una audiencia programada, se introduzca el tema. En junio del 2018, la corte resolvió que la justicia peruana debía revisar la legalidad del indulto.
Por otro lado, el primer ministro Aníbal Torres se pronunció sobre este asunto durante un encuentro con alcaldes. “¿Cómo podemos tolerar a quien permitió que se secuestre a los estudiantes de La Cantuta, que se les maltrate, que se les queme y entierre clandestinamente?”, cuestionó.
La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, lamentó profundamente el fallo y solicitó que “se anule de oficio” el documento que se debe emitir. El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, indicó que se respetarán las instituciones, “pero se tiene la legitimidad también de imponer recursos con sentencias que reparen, con justicia de verdad, no este sentimiento de indignación que sentimos muchos peruanos”.
Declaraciones del abogado de Alberto Fujimori
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