La Procuraduría General del Estado firmó -el 30 de setiembre- el contrato de un fideicomiso de garantía que busca asegurar la reparación civil que la empresa de Odebrecht debe pagar al Estado, cuya suma total aproximada a la fecha es de S/650 millones.
Esto como parte del Acuerdo de Colaboración Eficaz, suscrito entre dicha compañía, el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato.
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Según informó la procuraduría, encabezada por Daniel Soria, el nuevo fideicomiso será administrado por Cofide y reemplazará al mecanismo actual de la Ley 30737, en cumplimiento del acuerdo de colaboración, aprobado por el Poder Judicial en junio de 2019.
A través de este nuevo fideicomiso -precisó- se asegurarán las cuotas futuras pactadas en el acuerdo con la justicia peruana, cuya suma total aproximada es de S/650 millones, incluyendo intereses legales.
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La reparación civil se acordó por cuatro proyectos: Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3; Línea 1 del Metro de Lima, tramos 1 y 2; Vía de Evitamiento del Cusco; y Vía Costa Verde, tramo Callao.
Según detalló la Procuraduría General, luego del pago de la primera cuota de S/80 millones que se realizó en noviembre del 2019, y al restar los otros S/30 millones que ya se encuentran dentro del fideicomiso actual, la constructora brasileña ya pagó unos S/110 millones del total de S/760 millones (610 millones del acuerdo y unos 150 millones por concepto de intereses legales).
Cofide, con esta nueva garantía, retendrá entre el 5% y 7% de los ingresos que logren por contratos de obras y servicios con entidades públicas y privadas a cuatro empresas vinculadas a Odebrecht. Asimismo, se retendrá el 25% de la venta de sus activos y derechos; y el 100% de las utilidades que reciban.
Las cuatro empresas que deberán aportar al fideicomiso son CNO S.A. Matriz Brasil; CNO S.A. Sucursal Perú; Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.(OPIC); y OEC Perú Infraestructura S.A.
Las retenciones se realizarán con la finalidad de cubrir la cuota del año en curso y la cuota del año siguiente, priorizando la primera de ellas.
La negociación y gestión del contrato del fideicomiso fueron lideradas por la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato.
El contrato del fideicomiso de garantía fue firmado por el procurador Daniel Soria Luján, en representación del Estado peruano y por la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión. También por Guilherme Borges de Queiroz y Ricardo Machado Weyll, en representación de las cuatro empresas del grupo Odebrecht, mientras que Elard Arévalo Rengifo y José Miguel Céspedes Chumo hicieron lo propio en representación de Cofide.
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