El Ministerio Público sindica a tres mujeres, entre ellas Maritza Sánchez -que integró la campaña de la presidenta Dina Boluarte cuando era candidata-, de ser presuntas integrantes de una organización criminal tras las protestas sociales en Lima de enero del 2023, según informó ‘Cuarto poder’.
Según el dominical, Sánchez denunció a la mandataria por supuestos fondos no declarados durante su campaña a la vicepresidencia en el 2021, como parte de la plancha liderada por Pedro Castillo.
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La acusación la hace el fiscal provincial Arturo Mosqueira Cornejo, pero el detalle que genera suspicacia en Sánchez es que su hermana, Ninoska Mosqueira Cornejo, fue hasta enero de este año viceministra de Defensa y una mujer de alta confianza del primer ministro, Alberto Otárola.
Todo se inició en enero del año pasado, cuando Maritza Sánchez decidió apoyar las protestas. Pidió donaciones a sus amigos y llevó abarrotes al Centro de Lima. Ahí conoció a Vilma Castillo, a quien le prestó su minivan Chevrolet modelo Blanco Candy para que llevara comida a los manifestantes.
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El 31 de ese mes estaban estacionadas a un lado de la Plaza San Martín cuando dos jóvenes le piden a Maritza Sánchez que les guarde unas tablas de madera porque iba a ir a buscar más comida a otros puntos de la plaza.
Durante las protestas, un grupo de motorizados de la Policía las intervino a la altura del hotel Sheraton y las llevaron a la comisaría de Alfonso Ugarte donde permanecieron detenidas. Allí se consignaron las tablas como posibles escudos usados por los manifestantes.
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Las mujeres se negaron a firmar el acta policial porque decía lo siguiente: “No se descarta que estas personas sean partes de un equipo logístico que provean de este tipo de elementos incautados a los manifestantes”.
Producto de la intervención se abrió una investigación fiscal preliminar por el delito de disturbios contra Maritza Sánchez y Vilma Castillo. El caso se terminó archivando a fines de agosto del año pasado. Parecía que ahí acababa todo, pero no fue así.
Nueva investigación
El 22 de febrero pasado, luego de declarar en la investigación contra Dina Boluarte, Sánchez se da con la sorpresa que ahora la fiscalía la investiga por ser presunta integrante de una organización criminal.
¿Cuál fue el crimen? El mismo caso que en agosto del año pasado fue archivado. La detención del 31 de enero del 2023 mientras repartía arroz con pollo y caldo de gallina con Vilma Castillo.
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La tercera persona que la justicia ha incluido es la doctora Rosario Sánchez, quien para el fiscal actuaba como el brazo logístico solo porque es dueña de la minivan que su hermana maneja y que compró en el primer año de la pandemia del COVID-19.
Para el abogado penalista Cesar Pérez, abrir un proceso por organización criminal necesita requisitos que van más allá de solo acusar a tres señoras. Tampoco se precisa un hecho donde las tres hayan participado.
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“No solo pasa por saber cuántas personas intervienen. Sino también el cumplimiento de otros requisitos, permanencia en el tiempo, qué otros delitos habría cometido este grupo de personas. Si solo tienes un hecho y una o dos o tres personas no necesariamente es un acto de organización criminal”, manifestó.
Cabe indicar que Maritza Sánchez es testigo clave en otro caso que también involucra a la actual mandataria: supuestos beneficios a proveedores en el programa Qali Warma cuando Boluarte Zegarra era ministra de inclusión social.
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