El Ministerio Público dio marcha atrás y desistió de seguir adelante con su apelación para impedir la presencia de abogados de las víctimas y de la Procuraduría General del Estado (PGE) en las diligencias por la investigación por presunto genocidio contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el primer ministro Alberto Otárola.
“Esta fiscalía suprema presentó un escrito (ayer) de desestimiento del recurso de impugnación de apelación interpuesta por la Fiscalía de la Nación”, informó la fiscal adjunta suprema provicional Sylvia Sack Ramos.
La representante del Ministerio Público expuso en la audiencia virtual ante la Corte Suprema que habían decidido retirar su apelación tras evaluar que las normas y el Código Procesal Penal plantean que se garanticen los derechos de las partes agravadas.
Este caso inició luego que la Fiscalía de la Nación tomara las declaraciones de Alberto Otárola en una diligencia que no contó con presencia de los abogados de los deudos de los fallecidos durante las protestas en diciembre del 2022 y enero del 2023.
Ahí tampoco participó ningún representante de la Procuraduría General del Estado, la cual solicitó ante el Poder Judicial que se anule la diligencia por considerar que tanto ellos como los abogados de las víctimas debían estar presentes.
El 8 de marzo del 2023, se declaró fundada en parte esta solicitud y estableció que tanto la PGE como la defensa legal de las víctimas podía participar en las tomas de declaraciones.
Tras el anuncio del cambio de opinión del Ministerio Público, tanto la procuraduría como los abogados de Alberto Otárola y Dina Boluarte se mostraron de acuerdo y no se opusieron al desestimiento planteado por la fiscal suprema.
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