Al sustentar el pedido de 12 meses de impedimento de salida del país contra el flamante embajador del Perú en Venezuela, Richard Rojas García, el fiscal provincial a cargo del caso, Richard David Rojas Gómez, afirmó que el nombramiento del dirigente de Perú Libre tiene como objetivo “sustraerlo de la justicia”.
Indicó que el propio abogado de Rojas presentó como sustento contra el pedido fiscal documentos de la actividad económica de su patrocinado relacionados a la reparación de aparatos electrónicos, pese a que se conoce que fue designado como embajador del Perú en Venezuela. “Lógicamente, de lo que se trata acá es de ayudar a los investigados a sustraerse de la acción de la justicia, sustraerse de la persecución penal que viene realizando el Ministerio Público de manera objetiva”, exclamó ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado John Pillaca.
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“Respecto al presunto arraigo del investigado (...) Agradezco al abogado por presentar esta documentación, reporte ficha RUC de su negocio, Sonovisión Electrónic SAC ¿Qué dice como actividad económica? Reparación de aparatos electrónicos. Entonces, debemos hacer una pregunta (...) ¿cuál es el hecho notorio? el señor se encuentra propuesto como embajador en el país de Venezuela. ¿Cómo es posible o factible que un país como el nuestro delegue la representación del Estado peruano a un ciudadano que no cumpliría las condiciones para asumir el cargo?”, cuestionó en la audiencia.
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El fiscal Rojas advirtió esto en alusión a la decisión que fue confirmada por la Cancillería el último viernes de que Richard Rojas había sido designado como embajador del Perú en Venezuela.
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La fiscalía atribuye a este dirigente de Perú Libre el haber colaborado para ejecutar transferencias con el objetivo de ocultar un supuesto financiamiento ilegal de la campaña presidencial del partido, en colaboración con el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.
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Por este motivo, el Ministerio Público lo incluyó en la investigación por supuesto lavado de activos y advirtió, tras su nombramiento como embajador, que habría un riesgo de fuga que amerita un impedimento de salida del país ordenado por el Poder Judicial.
“Se pretende retirarlo del país para que se dedique a un tema funcional que nunca se ha dedicado en su vida”, manifestó Rojas Gómez en representación de la fiscalía.
El juez Pillaca, al concluir la audiencia, señaló que emitirá su resolución en el plazo de ley.
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