La mañana del 27 de mayo hubo una reunión impostergable en el octavo piso de la sede principal del Ministerio Público, en el Cercado de Lima. El fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez recibió al coronel PNP Enrique Huasasquiche López y al comandante PNP Vladimir Bellota Rojas, ambos de la Dirección Anticorrupción (Dircocor). El motivo: realizar las primeras coordinaciones para la videovigilancia que iba a ejecutarse al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.
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Esta es una de las afirmaciones sobre las que dio cuenta la fiscalía en un informe que envió a la Comisión de Fiscalización del Congreso el viernes último, en relación con las coordinaciones que hizo con la Dircocor para llevar a cabo y garantizar el cumplimiento de la videovigilancia y posteriormente la detención preliminar del hoy prófugo exministro. Ello, debido a que ese grupo de trabajo investiga las razones que facilitaron la fuga de Silva.
Para acreditar su versión, la fiscalía envió una copia del registro de ingresos y salidas del 27 de mayo del piso 8 de su sede principal, donde figuran los nombres de los oficiales PNP antes mencionados. Además, esta entidad, en un comunicado difundido ayer, informó que ese mismo día se le comunicó, vía WhatsApp, al coronel PNP Huasasquiche la disposición fiscal respecto a la videovigilancia. De igual modo, dijeron que el escrito se le entregó en físico al comandante PNP Bellota, previa firma de cargo.
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Esta afirmación de la fiscalía pone en entredicho lo informado el pasado 8 de junio por la PNP, cuando indicaron que recién el 27 de mayo a las 11:59 p.m. tomaron conocimiento de la disposición fiscal de videovigilancia contra Silva y que desde ese momento se inició su cumplimiento, pero no lograron localizar al exministro. Ese día, Silva fue interrogado desde las 10 a.m. hasta las 5 p.m. en la sede del Ministerio Público; es decir, en simultáneo a la reunión del fiscal Samuel Rojas con los oficiales de la Dircocor.
Vigilancia completa
El Ministerio Público asevera que en su disposición se dejó en claro que la Dirección de Inteligencia de la PNP (Dirin), en coordinación con la Dircocor, era la encargada de la videovigilancia.
Respecto a la medida, la fiscalía, en el punto número 9 de su disposición, solicitó que esta incluyera los registros en imágenes de los lugares de permanencia del exministro, sus desplazamientos, actividades y personas a las que frecuentaba. En otras palabras, seguir sus movimientos. En los días siguientes, la respuesta que les dio la PNP era que no habían logrado encontrar físicamente a Silva, quien el 1 de junio dio entrevistas presenciales a dos programas de televisión.
El detalle de lo pedido por la fiscalía desmiente al ministro del Interior, Dimitri Senmache. El viernes, en su presentación a la Comisión de Fiscalización del Congreso, él aseguró que la disposición de videovigilancia que recibió la PNP no incluía el seguimiento a Silva. Ayer, en su cuenta de Twitter, Senmache reiteró lo dicho y difundió la parte final de la disposición fiscal, donde se ordena que se cumpla esta medida.
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“Encuentren ustedes alguna parte de la resolución que solicite la medida de seguimiento”, escribió en la red social. “Lean además que se señala claramente que esta medida debe mantenerse en reserva y en estricta confidencialidad bajo responsabilidad”, añadió.
Sin embargo, el titular del Interior no publicó el documento completo de la fiscalía en el que, en el punto 9, se solicita seguir los desplazamientos, lugares de permanencia y actividades del exministro.
Omisión de días
La fiscalía, en su comunicado, afirmó que el viernes 3 de junio le pidió a la PNP un informe respecto a la videovigilancia que le venían realizando al exministro. La noche anterior, el programa “Combutters” hizo pública la transcripción de una conversación entre el hoy preso Zamir Villaverde con Juan Silva, en la que el primero señala que le estaba entregando “cien grandes” de la empresa Tapusa S.A., una de las ganadoras de la obra Puente Tarata, valorizada en más de S/232 millones.
No obstante, la PNP solo le envió a la fiscalía los reportes referidos a los días 3 y 4 de junio. En ellos, indicaban que no habían visto al exministro en los inmuebles registrados. Ante ello, la fiscalía afirma que solicitó ese día la detención de Silva, medida que fue aprobada por el Poder Judicial horas después.
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El exministro había sido citado para el 6 de junio para que rindiera una nueva declaración ante el Ministerio Público, pero ya con la orden de detención en su contra. Esto, dice la fiscalía, lo hizo por estrategia. Sin embargo, Silva no se presentó y, en consecuencia, se pidió que se ordenara su localización y captura en el ámbito nacional por cualquier unidad de la PNP.
Este Diario buscó la versión del general PNP Freddy López Mendoza, director de la Dirección Anticorrupción, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. La PNP tampoco hizo comentarios sobre lo comunicado por el Ministerio Público. Lo único que se mencionó es que continúan realizando las investigaciones para capturar al exministro Silva.