El fiscal José Domingo Pérez dispuso ampliar las investigaciones contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por un supuesto lavado de activos perpetrado en las elecciones generales del 2021, e incluir a a los dirigentes del partido político, así como las diligencias para determinar si hubo aportes ilícitos.
El Comercio tuvo acceso a la disposición de ampliación de investigación a cargo del equipo especial Lava Jato.
La fiscalía considera que “resulta útil y pertinente” recabar declaraciones testimoniales adicionales como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento y tenencia de fondos ilícitos, así como por organización criminal.
Este caso comenzó a ser investigado el 20 de julio del 2021 luego de las elecciones generales que se llevaron aquel año en medio de acusaciones de fraude por parte del partido fujimorista, lo que incluyó el financiamiento de impugnaciones y apelaciones.
José Domingo Pérez inició las indagaciones para esclarecer si es que Fuerza Popular siguió captando activos de origen ilícito para su campaña.
El documento detalla que el 24 de octubre del 2022, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE emitió un informe donde concluye que Fuerza Popular trasgredió la norma electoral por no consignar información detallada como la compra de un inmueble, una cotización errónea de activos fijos y la ubicación de un aportante que negó haber pagado 1.100 soles en especies, como informó el partido en su rendición de cuentas oficial.
Asimismo, la fiscalía advierte que todas las nulidades presentadas en medio del supuesto escándalo de fraude que promovió el fujimorismo requirieron un desembolso de S/ 1′278.430 y otros S/ 31.350 por las apelaciones.
También se llama la atención sobre el hecho que entre los aportantes figuran estudios de abogados, empresarios y dueños de casinos o firmas relacionadas a negocios de tragamonedas, motivo por el cual también se dispuso verificar la licitud del dinero entregado al partido.
Por esto, dispuso recoger el testimonio de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, así como de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Carmen Velarde del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
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