Alejandro Soto: documentos confirman que presidente del Congreso pidió acogerse y se benefició con ley de prescripción

La mañana de este lunes, Alejandro Soto, en una entrevista con Canal N, negó haberse beneficiado de la Ley N°31751, vigente desde el 26 de mayo último y que modifica los plazos de prescripción. Incluso, refirió que en el 2019, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Ciudad Imperial declaró fundado una solicitud de sobreseimiento de su defensa legal.

No obstante, una serie de documentos judiciales, obtenidos por El Comercio, demuestran lo contrario.

“Eso es completamente falso [que la prescripción haya sido hace poco], hace cuatro años que este proceso está archivado a mi favor. Pero por qué se sigue ventilando en el 2023. Dentro de este proceso hay otros involucrados, sube a esa sala por esas dos personas más, y la sala dispone que otro juzgado lo vea”, manifestó Soto.

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Según dijo, “no tenía impedimento para votar a favor o en contra” de la referida norma, porque, insistió, la investigación en su contra había sido archivada hace cuatro años.

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El 8 de enero de 2020, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco declaró “nula” la resolución que dos meses antes había declarado fundada la prescripción a favor de Alejandro Soto y sus coinvestigados. Además, ordenó que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria sea el que vuelva a realizar desde cero el control de acusación.

Durante este nuevo control de acusación, el hoy presidente del Parlamento intentó mandar al archivo el proceso en su contra hasta en tres oportunidades, según indicó Darwin Urquizo, abogado de Waynapicchu S.A., a El Comercio.

En octubre de 2022, la jueza Zulay Sánchez Farfán dictó el auto de enjuiciamiento contra Soto por el presunto delito de estafa.

Incluso, el Ministerio Público solicitó 8 años y 8 meses de cárcel para el congresista.

Urquizo contó que la instalación del juicio oral para el parlamentario de APP y otros cuatro investigados fue programada para abril último. Sin embargo, indicó que se postergó porque cuestionamientos a la defensora pública de uno de los acusados.

“Se suspendió para julio. Para ese entonces, los abogados de Soto y de los otros, de todos, solicitaron que se aplique la ley aprobada por el Congreso, la ley de la prescripción”, sostuvo.

Alejandro Soto reconoció este lunes que su abogado utilizó la cuestionada norma (que él mismo ayudó a aprobar con su voto), pero rechazó que ésta lo haya beneficiado.

“A mí no me beneficia en lo absoluto, mi caso ya estaba prescrito, sobreseído hace cuatro años atrás”, expresó.

En un escrito, presentado el 14 de julio de este año, el abogado del congresista Soto, Walter Pimentel Peralta sustenta su pedido de prescripción justamente en la Ley 31751.

Este es el escrito presentado por la defensa de Alejandro Soto:

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Los documentos a los que accedió este Diario y publicamos en este informe confirman que sí se benefició de la llamada ley de impunidad y que su caso no fue cerrado en el 2019 como él afirma. Incluso, el presidente del Congreso estuvo a punto de ir a juicio oral hasta julio último.

En el fallo se cita la norma del Parlamento

El 24 de julio último, un día antes de que Soto sea elegido como presidente del Congreso, la jueza Carlos Román Gil, del Tercer Juzgado Unipersonal de Cusco, emitió la resolución que declaró fundada la prescripción de la acción penal contra el apepista y los otros investigados.

Román Gil usa entre sus argumentos la Ley N°31751 (la llamada ley de prescripción o impunidad). Mediante esa norma, el Parlamento (con el voto a favor de Alejandro Soto), modificó el artículo 84 del Código Penal con el objetivo de reducir a un año el plazo de suspensión de la prescripción para todos los procesos.

Al presidente del Congreso, el Ministerio Público le imputaba el presunto delito de estafa por dos hechos en contra de la empresa Waynapicchu S.A.

Soto- de acuerdo a la fiscalía- firmó un contrato con la referida compañía en diciembre de 2012 para elaborar sus estatutos. Por este servicio, cobró S/10 mil, pero no habría entregado el trabajo.

El otro hecho que se le atribuye a Soto es la venta de un terreno por US$265 mil a Waynapicchu S.A. Para el Ministerio Público, el apepista, quien era asesor legal de la empresa, “indujo al error” al directorio, porque habría ocultado aspectos importantes, como que el bien era suyo y que ocho meses antes lo había adquirido por solo US$5 mil; y que el área del predio era de 640.61 metros cuadrados y no de 879,9 metros cuadrados, como se estableció en el contrato.

Según la acusación fiscal, Soto y Mario Sequeiros Fajardo, gerente general de la referida firma en el 2012, contaron con la “colaboración” de Juan José Durand Gonzales, también denunciado, quien “actuó como supuesto corredor” de la empresa inmobiliaria Los Faros, “siendo su participación indispensable por actuar como la fachada” del hoy parlamentario ante el directorio de Waynapicchu S.A.

El juez Román Gil establece que en mérito a la llamada “ley impunidad”, el presunto delito de estafa atribuido a Soto por los hechos detallados prescribieron en diciembre de 2022.

Este Diario intentó comunicarse con Soto, a través de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, pero no obtuvimos una respuesta.