El Ministerio Público confirmó que el último jueves 13 de mayo se otorgaron las garantías al fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, quien había denunciado una “escalada” en las amenazas en su contra y actos de incitación a la violencia.
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A través de un comunicado, calificó de “desinformadas” aquellas versiones que señalan que la Fiscalía de la Nación no había gestionado oportunamente el resguardo policial a favor de Pérez Gómez.
“Con fecha 11 de mayo de 2021 el despacho de la Fiscalía de la Nación recibió un oficio del Fiscal Coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, en el que pone en conocimiento el pedido del fiscal José Domingo Pérez –formulado también el 11 de mayo último-, para que se gestione la continuidad del servicio de seguridad y protección personal que recibe por parte de la División de Protección de Dignatarios de la Policía Nacional del Perú”, detalló.
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“Debemos informar que, el 12 de mayo último, es decir, un día después de haber recibido el oficio del Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial, el despacho de la Fiscal de la Nación mediante Oficio 001604-2021-MP-FN-SEGFIN dispone que la Secretaría General del Ministerio Público gestione la solicitud de continuidad de resguardo policial ante el Ministerio del Interior, orden que fue ejecutada el 13 de mayo”, añadió.
El pasado 11 de mayo, José Domingo Pérez pidió al coordinador del equipo de fiscales que integra que eleve su informe a la Fiscalía de la Nación para que adopte medidas necesarias para garantizar la función del fiscal y la protección de él y su familia.
Esto, ante la “escalada de actos de amenaza, provocación, incitación al odio y la violencia” como consecuencia del proceso que sigue contra Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular contra quien formalizó una denuncia por lavado de activos y organización criminal, entre otros delitos, en marzo de este año.
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El informe señala que los actos de amenaza en su contra iniciaron en el 2018, luego de una presentación que tuvo en un evento en España, el cual fue utilizado para atribuirle vínculos con organizaciones terroristas.
Estas acciones han vuelto a activarse en mayo de este año, según el fiscal, luego de la primera audiencia en la cual la defensa de Keiko Fujimori pidió que se anule la conclusión de la investigación por lavado de activos y se anule, así, la denuncia en la cual Pérez pide 30 años y 10 meses de prisión en su contra.
“Inmediatamente a esta audiencia nuevamente se ha reactivado en redes sociales el acoso y campañas de intimidación y amenazas de males inminentes contra el fiscal José Domingo Pérez”, indicó.
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