Ollanta Humala y Nadine Heredia: las razones del juez para aceptar pedido de más de S/ 422 mlls. de reparación civil

La Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, conducida por Silvana Carrión, solicitó que el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia paguen una reparación por S/422′900,376 y US$ 1′800,000 en el marco de la investigación preparatoria por la presunta concesión irregular de la obra del Centro de Convenciones de Lima a favor de la constructora brasileña OAS.

En el pedido ante el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, también se incluye al ex jefe de Gabinete Ministerial René Cornejo y al exministro Vivienda, Construcción y Saneamiento Milton Von Hesse y a otras 16 personas. Ellos, en caso ser declarados culpables en un eventual juicio, deberán asumir de forma solidaria el referido pago.

Chávez Tamariz, en su resolución, a la que accedió El Comercio, declaró fundado la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato para constituirse como actor civil en el proceso contra Humala Tasso, Heredia Alarcón, entre otros por los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos.

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También rechazó las oposiciones planteadas por las defensas técnicas de Jesús Gattas Abugattás y Adrián Delgado Márchela, dos de los procesados.

Por ejemplo, la defensa a Gattas Abugattás pidió que se declare improcedente la pretensión de la oficina de Carrión “al no haber adjuntado suficientes elementos de convicción” respecto a la imputación del delito de colusión agravada en su caso. Y el abogado de Delgado Marchello alegó que “no existe un genuino relato circunstanciado de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos”.

¿Por qué se justifica la pretensión?

El juez Chávez Tamariz, además, aceptó la pretensión de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato para que la reparación ascienda a S/422′900,376 y US$ 1′800,000. No obstante, esto se definirá, finalmente, en un eventual juicio oral.

En el documento, el magistrado indicó que la pretensión se “justifica”, porque la conducta de los imputados habría generado daños patrimoniales y extrapatrimoniales al Estado peruano por las cifras antes mencionadas. En el primer caso, a consecuencia de pagos indebidos y el no cobro de las penalidades a OAS.

Y el daño extrapatrimonial “está relacionado por la lesión a la imagen institucional” del Estado.

Chávez Tamariz también precisó que no existe límite algo a la cuantía a determinarse como daño extrapatrimonial, “basta que este se encuentre justificada a razón de la magnitud y complejidad de los hechos imputados”.

En comunicación con El Comercio, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, quien es el abogado de Humala Tasso, refirió que la constitución como actor civil por parte de la procuraduría “es una actividad rutinaria en un proceso penal”. “Esta situación es presunción de responsabilidad de quienes son investigados, es un trámite que la norma procesal admite”, complementó.

Pedraza también indicó que la defensa del Estado “usualmente vuela” con las cifras de sus pedidos de reparación, “las cuales son sin ningún sustento”.

La obra del Centro de Convenciones de Lima fue entregada a OAS el 5 de marzo de 2014, es decir durante el gobierno de Humala. El contrato se firmó después de un proceso de selección que duró menos de cuatro meses.

La justificación para la edificación fue la reunión del Grupo del Banco Mundial que se iba a desarrollar en la capital en octubre de 2015. Esto debido a que la ciudad, de acuerdo al Ejecutivo de entonces, no contaba con una instalación adecuada para recibir la cita.

OAS ha reconocido que realizó pagos ilícitos para obtener la licitación del Centro de Convenciones de Lima. El valor total de esta obra fue de S/539′127.577,88.