En medio de los diversos cuestionamientos a su titular, María Caruajulca, la Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó que se está evaluando si David Ortiz, procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cumple con los requisitos que exige el cargo.
En un comunicado difundido el viernes, la PGE citó una norma que dispone el “término automático de las designaciones de procuradores que no cumplan los requisitos”.
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Además, afirmaron que el consejo directivo de la institución tomará una decisión “en estricto respeto del principio de legalidad y de la normativa vigente”, por lo que rechazan “cualquier especulación sobre hechos ajenos a este procedimiento”.
Sin embargo, fuentes de El Comercio advirtieron que hay intención de retirar a un funcionario que resultaría incómodo para el Ejecutivo, de forma similar a lo ocurrido con el exprocurador general Daniel Soria.
El procurador del MTC es David Ortiz, quien se opuso a una conciliación planteada en noviembre del 2021 por un consorcio a cargo de una obra en Puno, en la cual habrían tenido interés los hoy investigados Zamir Villaverde y Juan Silva, prófugo exministro del sector. Esa conciliación es mencionada en un audio entre ambos.
Según las fuentes, esa oposición y la posterior confirmación en entrevistas que la conciliación sí existió estarían entre los motivos por los que Ortiz resulta incómodo.
Agregan que el comunicado se puede entender como una confirmación de la intención de removerlo y de darle un “ropaje legal a decisiones que ya están tomadas”.
Del mismo modo, las fuentes aseveran que se tendrían dos de tres votos del consejo directivo a favor de la salida de Ortiz. Estas prácticas –agregaron– podrían extenderse a otros procuradores que sean incómodos.
Joseph Campos, abogado del exprocurador Soria, comentó que este escenario es análogo al que llevó a la destitución de su defendido luego de haber denunciado al presidente Pedro Castillo.
Sin embargo, recordó que a Soria no se le abrió un proceso, sino que se le removió mediante una resolución suprema firmada por el mandatario luego de recibir un informe de la contraloría. Por esto, la considera ilegal.
La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello opinó que del comunicado se “advierte el intento de explicar una intención que pareciera estar tomada” y que para evitar suspicacias en el caso de Ortiz, la PGE debe transparentar a qué otros procuradores evalúan de la misma manera.
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