Tras el escándalo de la vacunación secreta contra el COVID-19, las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete Rodríguez fueron incluidas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en la investigación preliminar que abrió días atrás al expresidente Martín Vizcarra por el mismo caso.
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Los tres ex altos funcionarios son investigados por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, al revelarse que integraron un grupo de 487 personas que fueron inoculadas con la vacuna del laboratorio chino Sinopharm por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
De acuerdo con la disposición fiscal, se decidió ampliar la investigación e incluir a las exministras “en el sentido [de] que ambas altas funcionarias habrían utilizado indebidamente el cargo para obtener dicho beneficio”.
El documento, al que tuvo acceso El Comercio, también precisa que la decisión se toma después de haber recibido de la Presidencia del Consejo de Ministros la lista de exfuncionarios que han sido vacunados sin ser parte de los ensayos clínicos, y donde, “a su vez, solicita a este despacho, inicie investigación” a ambas.
Asimismo, se dispuso recibir las declaraciones de Mazzetti y Astete, de acuerdo con la agenda de la fiscalía.
El pasado 14 de febrero, Ávalos ordenó el inicio de diligencias preliminares contra Vizcarra y los que resulten responsables, luego de que este confirmara que tanto él como su esposa Maribel Díaz habían sido inoculados con la vacuna de Sinopharm.
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Lo que señala el código
Los abogados penalistas Yván Montoya y Rafael Chanjan indicaron que las exministras podrían recibir una sanción de hasta ocho años de prisión, de acuerdo con las penas establecidas en el Código Penal. En el caso del delito de concusión, tiene una pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. La negociación incompatible tiene una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Montoya explicó que lo que sigue es acopiar elementos para “hacer verosímil la imputación” que hace la fiscalía. Chanjan apuntó que durante la investigación se podrán realizar diligencias de recojo de declaración, así como otras de incautaciones o levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Funcionarios
La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó ayer que, de la lista de más de 400 personas que han recibido la vacuna en secreto, el 25% eran funcionarios. “Actualmente, ninguno forma parte del staff del Gobierno”, aseguró.
Anoche, el exministro de Salud Fernando Carbone, quien preside la comisión encargada de investigar este caso, indicó a El Comercio que, además de la lista de 487 personas que se ha conocido, su equipo ha recibido más información de distintas fuentes, entre ellas una “adicional del INS”.
Por tanto, señaló que lo que se hace ahora es contrastar dicha información. Dijo que cuando se entregue el informe se sabrá si hay más personas involucradas, pero advirtió: “La lista podría ser diferente cuando terminemos la investigación”.
Diligencias
Al cierre de esta edición, la fiscal de la Nación dispuso realizar una serie de diligencias preliminares, entre las que se encuentran los interrogatorios a Vizcarra, Mazzetti, Astete,el médico Germán Málaga y otros.
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