PJ rechaza pedido de Humberto Abanto para archivar investigación del caso Arbitrajes con la ley de crimen organizado

El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo el abogado Humberto Abanto para archivar la investigación por organización criminal en su contra por el caso Arbitrajes a favor de Odebrecht, para lo cual trató de usar la ley que restringía la figura de crimen organizado que promulgó el Congreso y que fue modificada la semana pasada.

En la resolución publicada por el Poder Judicial este 22 de octubre, el juez de investigación preparatoria Jorge Luis Chávez Tamariz destacó que Abanto presentó formalmente una excepción de improcedencia de acción basándose en la ley 32108.

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El abogado había buscado usar el texto promulgado por el Parlamento con las nuevas características que había establecido la norma para la organización criminal.

Humberto Abanto es investigado por presunta organización criminal por haber sido árbitro emitiendo laudos a favor de Odebrecht en perjuicio del Estado peruano previa concertación con directivos de la empresa brasileña y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Abanto Verástegui había pedido archivar el proceso al señalar que la ley 3108 establecía como requisito una estructura que debía tener una capacidad operativa y que buscara obtener una cadena de valor o economía ilegal.

El juez Chávez Tamariz evaluó que finalmente sí hay características de organización criminal en las imputaciones del Ministerio Público, como la permanencia en el tiempo ya que el investigado participó en unos tres arbitrajes diferentes, y una estructura definida de operación.

Con esto, diferenció la situación de Abanto de la del abogado Eduardo Juan Martín Castillo Freyre, quien obtuvo una casación a su favor en la Corte Suprema para apartarlo de la investigación.

Finalmente, el magistrado recordó que durante el proceso iniciado por Humberto Abanto, el Congreso emitió una nueva norma que modificó la ley 32108, y adicionalmente precisó que se inclinó por “el principio de interpretación conforme a la Constitución” para hacer valer antecedentes judicial y la Convención de Palermo en lugar de los requisitos que establecía la norma congresal. Con esto, se permitió hacer una intepretación amplia de la norma para lograr lucha contra el crimen organizado.