El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, incluyó a las empresas Westfield Capital y First Capital en la investigación preparatoria por presunto lavado de activos contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el Caso Odebrecht.
La solicitud había sido presentada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, según la Resolución Nro. 17, que lleva como fecha el 30 de mayo del 2022.
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El documento refiere que las empresas vinculadas al exjefe de Estado tuvieron contratos para realizar asesorías financieras a la empresa brasileña Odebrecht para los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos.
No obstante, señala que dichas “asesorías” serían una forma de ingresar dinero “proveniente de un acuerdo colusorio que beneficiaba a los dueños y representantes de dichas empresas”.
Entre 2004 y 2007, la constructora brasileña pagó, mediante la concesionaria Trasvase Olmos, la suma de US$ 64,637 a Westfield Capital por las asesorías financieras, mientras que First Capital habría recibido US$ 1′132,287 entre el 2006 y el 2013 por el mismo concepto.
También precisa que el expresidente, en su condición de ministro de Economía y Finanzas, “ha tenido intervención directa para materializar el acuerdo corruptor sostenido entre Jorge Simoes Barata y Alejandro Toledo Manrique, con el objeto de que la empresa Odebrecht se adjudicara la obra de la construcción y mantenimiento del proyecto de la IIRSA Tramos 2 y 3″.
El juez también concedió el plazo de cinco días a estas empresas para que designen a sus apoderados legales que las representen en esta investigación preparatoria bajo apercibimiento o advertencia de designarlo judicialmente, en el caso de no hacerlo e informarlo en el plazo establecido.
Kuczynski Godard afronta la investigación en este caso en libertad, luego de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispusiera modificar la medida de arresto domiciliario por la de comparecencia con restricciones.
Sobre el expresidente pesan dos mandatos de comparecencia con restricciones e impedimentos de salida del país por 12 y 30 meses como parte de las investigaciones preparatorias que se le sigue por los casos de la Carretera Interoceánica Sur, vinculada a Odebrecht y el financiamiento de su campaña presidencial en 2016, respectivamente.
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