El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró infundados los pedidos presentados por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y su chofer José Bernaola, a fin de archivar el proceso penal por crimen organizado por el caso Wesfield Capital.
Fue al desestimar los recursos de excepción de improcedencia de acción formulados por las defensas técnicas de Kuczynski Godard y Bernaola Ñufflo ambos acusados por el presunto delito de organización criminal.
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Ambos solicitaban archivar el proceso penal amprados en la Ley 32108 que modificó la Ley contra el Crimen Organizado, el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Cabe indicar que en junio pasado el Poder Judicial incluyó a las empresas Westfield Capital y First Capital en la investigación preparatoria por presunto lavado de activos contra el expresidente por el Caso Odebrecht.
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Según la tesis fiscal, ambas empresas vinculadas al exjefe de Estado tuvieron contratos para realizar asesorías financieras a la empresa brasileña Odebrecht para los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos.
Entre 2004 y 2007, la constructora brasileña pagó, mediante la concesionaria Trasvase Olmos, la suma de US$ 64,637 a Westfield Capital por las asesorías financieras, mientras que First Capital habría recibido US$ 1′132,287 entre el 2006 y el 2013 por el mismo concepto.
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También precisa que el expresidente, en su condición de ministro de Economía y Finanzas, “ha tenido intervención directa para materializar el acuerdo corruptor sostenido entre Jorge Simoes Barata y Alejandro Toledo Manrique, con el objeto de que la empresa Odebrecht se adjudicara la obra de la construcción y mantenimiento del proyecto de la IIRSA Tramos 2 y 3″.
Kuczynski Godard afronta la investigación en este caso en libertad, luego de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispusiera modificar la medida de arresto domiciliario por la de comparecencia con restricciones.
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Sobre el expresidente pesan dos mandatos de comparecencia con restricciones e impedimentos de salida del país por 12 y 30 meses como parte de las investigaciones preparatorias que se le sigue por los casos de la Carretera Interoceánica Sur, vinculada a Odebrecht y el financiamiento de su campaña presidencial en 2016, respectivamente.
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